01 de mayo de 2008
01.05.2008
 

Los alcaldes del trazado saludan la sentencia y piden «un desarrollo sostenible»

Piloña aboga por «armonizar» el interés de afectados, Principado y Red Eléctrica

01.05.2008 | 02:00
Camilo Montes, alcalde de Piloña.

Ribadesella, Bárbara MORÁN

Incredulidad, sorpresa, prudencia y satisfacción son algunos de los sentimientos con los que los alcaldes de los concejos por los que pasa la línea de alta tensión Soto-Penagos acogieron ayer la decisión de los jueces de paralizar el proyecto por la falta de un informe de impacto ambiental. Camilo Montes, regidor socialista de Piloña, el Ayuntamiento que denunció la línea, abogó ayer por «respetar y confiar en la justicia». «La sentencia me parece justa y la acato como representante de este Ayuntamiento; lo que más deseo es que se armonicen todas las partes implicadas: afectados, Administración regional y Red Eléctrica para llegar a un desarrollo sostenible y justo de este proyecto», añadió el Alcalde.


El primer edil de Onís, José Antonio González (PSOE), recordó que su concejo alcanzó un acuerdo con REE después de haber plantado batalla al trazado. «Estamos satisfechos con la sentencia porque muestra lo que nosotros reclamamos y vaticinamos, aunque reconozco que no lo esperaba», concluyó el regidor.


Rosa Domínguez de Posada (PP), alcaldesa de Peñamellera Alta, remarcó que en su último Pleno la Corporación municipal aprobó una moción para canalizar la alta tensión en las cuatro torres de la línea Soto-Penagos, «para evitar que nuestro concejo siempre sea sacrificado y todo esté lleno de cables».


Según el alcalde de Parres, Manuel Millán García, la resolución judicial «hay que acatarla, respetarla y aceptarla». Y matizó el regidor socialista: «Deseo que, respetando la ley, lo antes posible esta sentencia no repercuta en nuestra región en términos de desarrollo», subrayó García.


José Manuel Fernández (PP), alcalde de Peñamellera Baja, recordó ayer su propuesta compensar a los territorios afectados por las líneas de alta tensión mediante el pago de una especia de peaje. Fernández subrayó también que «parece increíble» que, después de ocho años de tramitación, el proyecto de Soto-Penagos carezca de estudio de impacto ambiental.

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