Madrid, Efe / Otr Press

El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, aseguró ayer ante el Juzgado de instrucción número 47 de Madrid que desconoce cómo se gestó la compra por su filial Banesto en 1999 del 45,3% de la empresa asturiana Aguas de Fuensanta a la familia Rato, así como los términos del acuerdo. También negó conocer las supuestas comisiones fraudulentas pagadas por la venta de la sede de Banesto en la avenida Castellana, de Madrid, en una operación distinta y ajena al caso Fuensanta.

El presidente del primer banco español, que no quiso hacer comentarios a su salida de la declaración, sólo respondió a las preguntas del juez José Sierra y del Ministerio Fiscal, que le inquirieron por el conocimiento de las operaciones dada su abultada cuantía -en el caso de la sede de Castellana, 7- y en virtud de las personas de renombre que intervenían -en el caso de Aguas de Fuensanta-, en referencia al entonces vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía Rodrigo Rato.

En relación con la compra en 1999 a la familia Rato del 45,3% de Fuensanta, Botín insistió en que la desconocía porque era responsabilidad de Banesto, aunque no concretó de qué directivo.

También negó que le uniera una relación de amistad con Rodrigo Rato, con quien aseguró que ha mantenido reuniones de carácter institucional por su condición de ministro de Economía y de vicepresidente en los gobiernos del PP, si bien, al igual que su hermano, Jaime Botín, admitió una relación antigua de conocimiento mutuo. Rodrigo Rato es desde este año asesor internacional del Banco Santander.

En la querella, la acusación particular sostiene que Banesto compró el capital de Aguas de Fuensanta a la familia Rato con el objetivo de «ganarse el favor de Rodrigo Rato», ya que pagó un «precio desorbitado», próximo a 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros) por una sociedad que estaba en aquel momento, según los querellantes, en «quiebra técnica».

Jaime Botín, que declaró después que su hermano apuntó al entonces máximo directivo de Banesto, Alfredo Sáenz, como responsable de la compra de Fuensanta y de la venta de la sede, que también dijo desconocer. Preguntado por quién nombró a Sáenz como responsable de Banesto, Botín no concretó nada, debido a la escasa vinculación que adujo con la toma de decisiones.

Jaime Botín insistió en que su desconocimiento de la operación se debe a que entonces no ostentaba responsabilidad ejecutiva en el Santander.

La querella, presentada por el abogado Francisco Franco Otegui en 2004, y ampliada por el letrado Antonio Panea, accionista del Banco Santander y de Banesto, sostiene que el precio pagado por Banesto «suponía valorar el cien por cien de la sociedad en 13,2 millones de euros, lo que no tenía justificación alguna dada la penosa situación económica y patrimonial de la empresa». En 1998, Fuensanta registraba deudas por valor de 94,4 millones de euros, «cantidad que superaba con creces a los fondos propios fijados en las cuentas de ese ejercicio en 6,9 millones de euros». El querellante añade que «si en 1998 el beneficio neto de la empresa fue de 122.000 euros, una valoración de la sociedad en 13,2 millones de euros «implicaría que Banesto tardaría 108 años en recuperar la importante cantidad invertida».

También se alega que Ana Patricia Botín, actual presidenta de Banesto y sucesora de Sáenz, reconoció en la junta general de 2002 que el precio pagado a los Rato fue para la «cancelación de riesgos crediticios de los vendedores que, de otro modo, hubieran sido difíciles de cobrar».

Rodrigo Rato y su hermano Ramón declararán el día 27.