Oviedo, L. GANCEDO

El Gobierno regional y el gremio de promotores de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC) mantienen conversaciones muy avanzadas para elevar los precios máximos que los promotores pueden cobrar legalmente por las viviendas de protección oficial. La patronal ha puesto sobre la mesa un incremento superior al 15 por ciento de los precios actuales, con el argumento de que los costes de edificación han aumentado significativamente y también con el propósito de impulsar la promoción de este tipo de inmuebles como alternativa al mercado libre, deteriorado por el frenazo inmobiliario.

En Asturias se sigue de ese modo un camino que están explorando otras comunidades autónomas: utilizar la vivienda protegida para aliviar la crisis del sector y a la vez incrementar la oferta de un tipo de inmueble que ha tenido en estos últimos años de «boom» constructor un mercado limitado porque las empresas estaban volcadas en el más atractivo negocio de la vivienda libre y porque, argumentaba el sector, la escasa disponibilidad de suelo y las limitaciones de los precios máximos disuadían a los promotores.

Ahora, según explicó ayer Apolinar Cuesta, presidente del gremio de los promotores de la CAC, han cambiado las circunstancias: las actuaciones de ciertos ayuntamientos, como el de Oviedo, y de la sociedad mixta Sogepsa tienen proyectos para ampliar la oferta de suelo y la estrategia de la influyente CAC ante las dificultades del mercado libre, con intensas caídas de la edificación y las ventas, pasa en buena medida por el negocio de los pisos con protección oficial. Por otro lado, ampliar la oferta de inmuebles protegidos, ahora reducida al 13 por ciento de todo lo que se construye, facilitaría el acceso a la vivienda, aunque se revisen al alza los precios, según la filosofía de las conversaciones que mantienen el Principado y la patronal.

Los citados precios varían actualmente en Asturias según las zonas y según el grado de protección. Se mueven, aproximadamente, entre los 1.100 y los 1.600 euros por metro cuadrado útil, excluidos los pisos del llamado régimen especial, las viviendas sociales que promueve la propia Administración. Una parte del precio máximo la fija por ley el Gobierno central y las autonomías tienen capacidad para subir esa cantidad básica y común hasta un nivel determinado.

Según las explicaciones de Apolinar Cuesta, el Ministerio de la Vivienda ya ha aceptado una subida limitada en la parte que le corresponde y el sector regional busca ahora que el Principado complemente tal incremento con otro, de forma que el resultado final suponga aumentos medios por encima del 15 por ciento. Para una vivienda con 75 metros cuadrados útiles, calificada como de protección en el llamado régimen general y ubicada en Oviedo, Gijón o Avilés, una subida como ésa podría suponer 16.000 euros y elevar el coste para el comprador hasta los 125.000 euros. Para la mayoría de los restantes concejos, un piso así rondaría los 120.000 euros con la misma subida.

Los constructores esgrimen que los precios deben cubrir los aumentos de costes y dejar un margen comercial razonable. También, que durante los últimos años las actualizaciones que decidieron las administraciones implicadas no llegaron a igualar la inflación. «El Código Técnico de la Edificación ha incrementado los costes de construcción en más del 15 por ciento», alegó Apolinar Cuesta, en relación a una normativa que, impulsada por la antepenúltima ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, obligó a equipar las viviendas de nueva edificación con sistemas de eficiencia energética y estándares mínimos de calidad y seguridad, como ordena la UE.

El pacto sobre los precios que está en negociación podría incrementar «un 30 o un 40 por ciento» la edificación de pisos protegidos, según la CAC. En Asturias se terminaron en 2007 unas 1.500 viviendas con protección oficial.