Oviedo
El caso de la supuesta «leche negra» (materia prima producida al margen de las cuotas lácteas impuestas por la UE y supuestamente suministrada a la industria lechera española sin haber declarado esta sobreproducción) ha vuelto de nuevo a la actualidad, al cabo de ocho años desde que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón iniciara su instrucción, aún no culminada.
Un informe del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), un organismo adscrito al Ministerio, que acaba de difundirse atribuye a una treintena de sociedades y cooperativas de casi todo el país haberse servido de tres sociedades consideradas como «fantasma» (El Churtal, S. L.; Lácteos Lemos, S. L., y Sumlac, S. L.) para camuflar desde 1997 el supuesto fraude por 249 millones con facturas falsas, colocar sus productos en tiendas de forma clandestina y evitar así la multa de Bruselas.
El informe menciona a grandes grupos lácteos españoles entre la treintena de empresas que habrían podido adquirir parte de esa leche no declarada. Entre ellas, se cita la compañía asturiana Capsa. El principal imputado, Pedro José Merediz Blanco, ya fallecido, representante de las sociedades El Churtal y Lácteos Lemos, acusó en sus alegaciones a un alto ejecutivo de Capsa de cobrar «una peseta por litro facturado», sobre un total de 153 millones de litros. Capsa ha vuelto a negar su participación en la trama y asegura que así lo acreditó ante el juez Garzón en el otoño de 2006. Sobre la referencia al alto ejecutivo, Capsa la considera una «calumniosa imputación», y reitera que ya demostró ante el juez «tal ignominiosa falsedad».
