Oviedo, J. L. S.

La factura de la luz llegará en los próximos meses a los hogares asturianos y a las sedes de las empresas cargada de novedades. La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha trasladado al Gobierno central una propuesta en la que se incluye un aumento del 11,3 por ciento de la factura. Aunque una de las principales novedades es la supresión de la tarifa nocturna para las familias, que ha puesto en pie de guerra a los consumidores.

Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, fue uno de los miles de asturianos que hace unos años modificó buena parte de la instalación eléctrica de su vivienda para poder adaptarla a la denominada tarifa nocturna. Tras un tiempo disfrutando de este servicio, a partir del mes de julio su factura, junto a la de unas 50.000 familias de la región, se verá incrementada, según afirma, entre el 22 y el 77 por ciento.

Alonso encabeza la lucha contra esta medida impulsada por el Gobierno central, y que califica como de «poco transparente, y que llega como una imposición». «Fuimos muchos los ciudadanos que atendimos a la llamada del Ejecutivo y las eléctricas cuando en 1995 nos propusieron la posibilidad de acogernos a esta tarifa. Hicimos un desembolso muy importante para que fuera rentable y ahora han quebrado nuestra confianza», afirma Alonso.

En concreto, desde el 1 de julio, la tarifa nocturna será sustituida por otra de discriminación horaria. Hasta el momento, los usuarios de este servicio se beneficiaban de un descuento del 55 por ciento en las denominadas horas valle, entre las once de la noche y las siete de la mañana, y sufrían una penalización del 3 por ciento durante el resto del día, considerado hora punta. Con el nuevo sistema, se amplía de 8 a 14 el número de horas valle y se reduce al 47 por ciento la bonificación por consumir en ese período, pero se obliga al usuario a contratar la máxima potencia demandada y se le aplican penalizaciones del 35 por ciento si lo hace en horas punta.

«Hicieron el llamamiento y muchos ciudadanos respondimos y ahora han alterado las reglas del juego, sin habernos avisado», apunta Alonso. Una buena cantidad de hogares asturianos tuvo que adaptar su instalación eléctrica para acogerse a este programa, con la compra de calentadores de acumulación eléctrica, cuyo precio en el mercado ronda los cien euros.

A partir del 1 de julio, según explican los portavoces de los consumidores, se ha establecido la obligación de contratar la máxima potencia disponible para las 24 horas del día. Las estimaciones que manejan los consumidores pasan porque la factura se incremente en torno a unos 140 euros de forma anual. La nueva medida afectará a un millón de familias en todo el país.

Dacio Alonso lo tiene claro: «Ha habido cierta maldad por parte de las eléctricas y del Gobierno, que no han querido comunicar la supresión de esta tarifa». Los consumidores ya han puesto el caso ante el Defensor del Pueblo para conseguir la derogación del real decreto que incluye estos cambios normativos.

A pesar de las reclamaciones de los consumidores, el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, aseguró esta semana que «la tarifa nocturna no desaparecerá, sino que se ampliará el horario de la misma, con lo que será más barata». La misma tesis defendió ayer el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso de los Diputados, donde aseguró que la supresión de esta tasa «no debe suponer subidas adicionales de la luz».

El Gobierno central está estudiando introducir criterios de renta y tener en cuenta a determinados colectivos, como los pensionistas, para definir las nuevas opciones dentro de la tarifa eléctrica y minimizar el posible impacto de la subida de julio en los consumidores.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró ayer que la subida de la tarifa de la luz que decida el Ejecutivo a partir de julio será «razonable» y «razonada», y tendrá en cuenta «todos los aspectos» necesarios, tanto los sociales como los relacionados con la evolución de la economía. El Gobierno tiene la potestad para revisar las tarifas eléctricas cada tres meses. Sin embargo, en 2007 y 2008 sólo ha incrementado la luz en enero y por debajo del IPC, un 2,8 y un 3,3 por ciento, respectivamente. La propuesta que ahora ha dejado sobre la mesa la Comisión Nacional de Energía (CNE) es la de una subida del 11,3 por ciento.

Las grandes empresas de la región también verán modificada su factura eléctrica. De hecho, estas compañías deberán asumir en los próximos meses un sobrecoste en sus recibos como consecuencia de la prevista supresión de la tarifa bonificada G4 por prescripción de Bruselas. Se trata de un plan para aumentar los períodos de interrumpibilidad del suministro; esto es, incentivar el hecho de que las empresas se «desconecten» de la red en momentos de gran consumo doméstico (las habituales puntas de demanda energética en verano e invierno), de modo que las compañías eléctricas no se vean obligadas a aumentar sus producciones en esos «picos» con medidas excepcionales habitualmente costosas y, además, dañinas en términos ambientales. La supresión de la tarifa eléctrica G4 es una de las medidas del plan gubernamental diseñado para favorecer la competitividad del sector eléctrico.