Madrid / Oviedo,
Agencias / J. C.
La aprobación anteayer por el Consejo de Ministros del proyecto que reforma la ley de Ordenación del Comercio Minorista ha tenido una acogida diversa porque, si bien reduce los costes y trámites necesarios para abrir un negocio comercial e incluye la libertad de establecimiento con ausencia de autorización -salvo casos de «interés general»-, permite de facto a las comunidades autónomas seguir bloqueando o condicionando nuevas aperturas, sobre todo de grandes superficies.
Todo ello supondrá que regiones como Asturias, que es la segunda comunidad con mayor densidad de centros comerciales respecto a su población, y que ha sido calificada como una de las autonomías más intervencionistas en la regulación y más proteccionistas del pequeño comercio frente a las grandes superficies por la Comisión Nacional de la Competencia, siga disponiendo de resquicios legales para imponer su criterio y evitar una proliferación de magnos emplazamientos que no desee.
El proyecto de ley es liberalizador porque recoge el principio de libertad de establecimiento, elimina la obligatoriedad de la licencia comercial y la posibilidad de restringir aperturas de nuevos establecimientos por criterios económicos en función de la oferta comercial y suprime la intervención de los competidores en los procesos de autorización de nuevos negocios. También suprime la definición de gran establecimiento comercial y no hace referencia a los metros cuadrados de los distintos formatos comerciales.
Sin embargo, deja en manos de las administraciones regionales -que son las que tienen las competencias en materia de comercio interior- la posibilidad de seguir vetando nuevas implantaciones comerciales o de establecer un régimen de autorización, justificándolo debidamente de acuerdo con el principio de proporcionalidad, en virtud del impacto que tenga en el medio ambiente, en el entorno urbano y en la conservación del patrimonio artístico.
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la máxima autoridad en la preservación de la libertad de mercado y de la libre concurrencia de operadores, había dicho en octubre de 2007 que las normas restrictivas que algunas comunidades, caso de Asturias, imponen al establecimiento de grandes superficies comerciales constituyen trabas no deseables a la competencia y barreras de acceso al mercado que son causa de «ineficiencias económicas». En el caso de Asturias y otras regiones, esas barreras de entrada consisten en la exigencia de doble licencia de apertura a los establecimientos de gran formato (autorización preceptiva de la Administración local y también de la autonómica), moratorias a la concesión de nuevas licencias de instalación, prohibición de nuevos establecimientos en determinadas zonas (en el área central de Asturias, por ejemplo), la aplicación de impuestos específicos a las grandes superficies comerciales y la limitación de aperturas en festivo.
La patronal de grandes almacenes e hipermercados (Anged) lamentó que el Gobierno no haya aprovechado la directiva europea de Servicios al ordenamiento español para «dejar de lado viejos impulsos proteccionistas». Las patronales de supermercados (Asedas y Aces) advirtieron de que la reforma puede generar «más conflictividad» y menor seguridad jurídica para los operadores. Pero la Confederación Española de Comercio (CEC), de pymes y autónomos calificó el proyecto de «acertadísimo».
El Gobierno
El Ejecutivo, al promover el proyecto de reforma de la ley de Ordenación del Comercio Minorista, persigue transponer a la normativa española la directiva europea de servicios en el mercado interior, que exige liberalizar e impone la eliminación de trabajas injustificadas a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios.
El Gobierno dice que con esta reforma será «más fácil y más barato» abrir un comercio en España».
Las autonomías
Ya no podrán imponer, como hasta ahora, trabas preestablecidas, pero el Ministerio de Industria reconoce que se han respetado sus competencias. Las regiones no podrán mantener las actuales moratorias y otros impedimentos, pero sí vetar nuevos emplazamientos alegando impacto territorial, ambiental o patrimonial.
Las empresas
Las patronales del sector lamentan que no se haga una verdadera liberalización.
