08 de diciembre de 2009
08.12.2009
 

La CEOE demanda cambios sin vetos previos y las centrales ponen condiciones

08.12.2009 | 01:00
Demandantes de trabajo, en una oficina del Servicio Público de Empleo.

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Este hecho estadístico fue denunciado como un rasgo peculiar y perjudicial de la economía española por muchos expertos, y entre ellos por los autores del «Manifiesto de los 100 economistas», que fueron los primeros en formular una propuesta de reforma laboral.


Lo aleccionador del caso es que esa excesiva contratación eventual y precaria, que hoy se juzga como una de las debilidades del modelo español y unos de los aspectos más vulnerables de nuestra economía, fue producto de otra reforma laboral, la de 1984. Entonces este tipo de contratos se propuso y se defendió como la panacea que iba a resolver la histórica compulsión española a destruir empleo en grandes cantidades en cuanto las cosas se ponen feas. Se había visto con el paro galopante de fines de los 50 y primeros 60 (resuelto por la vía de la emigración), de nuevo a fines de los 70 con la primera crisis del petróleo (el paro aumentó a tasas elevadas pese a que las caídas del PIB fueron inferiores a las actuales) y otra vez en los primeros 80 con los efectos de la segunda crisis del petróleo y la recesión internacional.


Lo que se dijo en 1984 es que abrir la posibilidad de la contratación laboral eventual y temporal corregiría las rigideces de la legislación laboral heredada del franquismo y permitiría crear empleo en etapas alcistas y reducir su destrucción en las fases bajistas del ciclo. Hoy los economistas aseguran que ese tercio de población laboral menos protegido es el que está soportando sobremanera el ajuste de la capacidad productiva española y engrosando de forma muy predominante las listas de nuevos parados. Añaden, además, que con esas tasas tan elevadas de eventualidad, no existen acicates para la formación interna en las empresas. Lo que iba a ser el remedio, acabó formando parte de la enfermedad.


Algunos estudiosos alegan además que la sobreabundancia de este tipo de contratación (que ya no se limita, como se concibió en origen, a actividades estacionales sino a cubrir funciones estables) estaría facilitando un rápido y barato trasvase de trabajadores a la economía sumergida, elevando de forma artificial la tasa oficial de paro por encima de la realidad. Diversos estudios y estimaciones difundidos en los últimos meses apuntan a que España es, con Italia y Grecia, uno de los tres países europeos que más empleo están manteniendo de forma oculta a la oficina del fisco y a la Seguridad Social.


El «Manifiesto de los 100» propone un único contrato indefinido para los nuevos trabajadores (no se modificarían los derechos adquiridos) con una indemnización menor que la que ahora tienen los trabajadores indefinidos pero también progresiva según la antigüedad. Además reclama flexibilizar la negociación colectiva para adaptarla a las peculiaridades de cada empresa, introducir cambios en las prestaciones por desempleo (aumentarla en los seis primeros meses pero reducir su duración a partir de ese plazo) y hacer reformas en los incentivos a la contratación y en las políticas activas de empleo.


La CEOE ha ido modulando su posición. En febrero se llegó a decantar por el abaratamiento del despido para los nuevos contratos indefinidos (en ningún caso con carácter retroactivo) porque, según dijo entonces su presidente, el «elevado» coste de la rescisión contractual es causa disuasoria de la creación de empleo en España. Luego, en agosto, Gerardo Díaz Ferrán, dirigente de la patronal, abogó por un modelo «a la suiza»: posibilidad de contratar a un empleado por «2.000 horas laborales al año que se utilizarían en los momentos punta de la actividad de la empresa».


La patronal ya no hace causa del abaratamiento del despido. Y en sus últimos documentos propone «modernizar el mercado de trabajo español», con más de 30 años de antigüedad», para que «sea menos vulnerable al ciclo económico». Propone «basar la seguridad en el empleo» en «la empleabilidad y no en la permanencia en el mismo puesto de trabajo», «crear una esquema sencillo que rompa la segmentación del mercado de trabajo» mediante «la flexiseguridad» (un sistema danés que combina gran flexibilidad para despedir con alta seguridad para volver a encontrar empleo, pero que tiene el inconveniente de su carestía), simplificar y reducir las restricciones a la contratación a tiempo parcial, avanzar en la flexibilidad interna de la empresa, modernizar el sistema de negociación colectiva, posibilidad de «descuelgue negociado» de convenios sectoriales y territoriales para las empresas en crisis, medidas eficaces contra el absentismo, extender la bonificación de las cotizaciones empresariales en los expedientes de regulación de suspensión temporal, mejorar los servicios públicos de empleo y normalizar los servicios privados, y eliminar las restricciones en las actividades de la empresas de trabajo temporal.


Los sindicatos mayoritarios -renuentes, meses atrás, a cualquier revisión- han evolucionado y en noviembre ya anunciaron que están dispuestos a dialogar bajo tres condiciones: que se cumplan ciertas garantías salariales, que se promueva el empleo estable y que se reformen los sistemas de reparto de beneficios.

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