Oviedo / Madrid
El Gobierno propuso ayer a los agentes sociales negociar fórmulas para extender el llamado contrato de fomento de la contratación indefinida, que se aplica en España desde 1997 y que conlleva una indemnización equivalente al salario de 33 días por año trabajado, inferior a la de los contratos ordinarios. El documento para la reforma laboral que ayer aprobó el Consejo de Ministros y luego expuso el presidente Zapatero a la patronal y los sindicatos incluye esa sugerencia junto a otras para implantar el «método alemán» en las regulaciones de empleo, para impulsar el empleo a tiempo parcial y para favorecer el acceso de los jóvenes poco cualificados al mercado de trabajo.
José Luis Rodríguez Zapatero tomó ayer el timón de las primeras conversaciones sobre la reforma laboral con los líderes de las patronales CEOE y CEPYME y de los sindicatos UGT y CC OO. Tras la inquietud pública que suscitó la propuesta para reformar también el sistema de pensiones y alargar la edad de la jubilación a los 67 años, Zapatero asumió personalmente ayer la responsabilidad de poner en marcha el diálogo social, roto desde junio del pasado año. Y vistas las favorables reacciones iniciales de los representantes de empresarios y trabajadores, la redacción del «informe» gubernamental sobre la reforma del mercado de trabajo, deliberadamente inconcreta, logró evitar roces en su presentación.
El primer propósito que expresa el documento es corregir la «dualidad» del empleo en España, atajar la alta temporalidad y promover el trabajo estable. El Gobierno ha desdeñado en este punto, crucial para el desarrollo de las conversaciones, la creación de un nuevo tipo de contrato con despido más barato, como había demandado la CEOE y sugerido también un relevante sector de economistas. Alternativamente, el Ejecutivo, según expresión de Zapatero, se propone «aprovechar todo el potencial» de un tipo de contrato que ya existe y que fue el asunto central de la reforma laboral que el primer Gobierno de José María Aznar acordó en 1997 con los agentes sociales.
El contrato de fomento de la contratación indefinida implica ya ahora un despido más barato. En caso de despido declarado improcedente, la indemnización es de 33 días por año trabajado con límite equivalente al salario de 24 meses. En el caso de los empleos indefinidos ordinarios la compensación por despido es de 45 días por año y el límite está en 42 mensualidades. El contrato heredado de la reforma de 1997 tiene una aplicación limitada, reservada para colectivos singulares (jóvenes menores de 30 años, parados de larga duración o mayores de 45 años, personas discapacitadas...), e incluye notables rebajas en las cotizaciones que pagan los empresarios. Ahora bien, se establecen ciertos límites, como el hecho de que no pueden concertar estos contratos bonificados las empresas que hayan despedido de manera improcedente a trabajadores durante los seis meses anteriores.
El presidente Zapatero no prejuzgó qué dirección se puede tomar para ampliar ese contrato con despido más barato. Pueden estar sobre la mesa alternativas, como ampliar a todos los trabajadores en paro la posibilidad de aplicación de este tipo de contrato o reconsiderar otras restricciones del modelo actual.
«La reforma no supondrá ninguna pérdida de derechos para los trabajadores», afirmó Zapatero ante los periodistas sobre un documento que también plantea penalizar el abuso de la contratación temporal y reducir el diferencial con Europa en el empleo a tiempo parcial. Con este último propósito, el Gobierno sugiere dos modalidades: un contrato con horario fijo y estable para facilitar la conciliación de la vida laboral y personal y otro con horario flexible para que las empresas se puedan adaptar a los cambios en sus procesos productivos.
El Ejecutivo recoge en su propuesta también la aspiración sindical de aplicar en España el «método alemán» de regulaciones de empleo, para evitar los despidos masivos en las empresas en dificultades. Consiste en que los ajustes se realizan mediante reducciones de la jornada y el Estado paga a los trabajadores una parte del salario que dejan de percibir de la empresa.
El documento añade otras indicaciones para negociar un plan de apoyo a los jóvenes con escasa cualificación profesional, medidas para flexibilizar la negociación colectiva, mayor control del absentismo, mejora de los servicios públicos de empleo y revisión del actual sistema de bonificaciones para fomentar el empleo.
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