Bilbao, Agencias

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, lanzó ayer un desafío a la constructora ACS, que controla más del 12% de la eléctrica y a la que Galán ha impedido hasta ahora formar parte del consejo de administración de la energética vasca. El presidente de Iberdrola aseguró que su compañía tiene un «proyecto industrial a largo plazo en defensa de los intereses de los accionistas» y, en alusión implícita a la constructora que preside Florentino Pérez y cuyo mayor accionista es el grupo March, sostuvo que «quien quiera controlar» Iberdrola «debe lanzar una opa por el 100%» y «en metálico».

«Iberdrola vale mucho», afirmó Galán durante la rueda de prensa con motivo de la junta de accionistas de Iberdrola del viernes, y en la que ACS volverá a pedir su entrada en el consejo. Galán, que no quiso realizar alusiones concretas sobre esta petición de ACS, sostuvo además que Iberdrola cuenta con pequeños accionistas «fieles» y «con vocación a largo plazo», en alusión a las cajas de ahorros con presencia en su capital.

Las declaraciones de Sánchez Galán se produjeron el mismo día en el que la Comisión de Economía del Congreso decidió aplazar hasta el 6 de abril el debate del proyecto de ley de reforma de las leyes de Auditoría, Mercado de Valores y Sociedades Anónimas, en el que los grupos deberán decidir si suprimen la limitación de los derechos de voto en las empresas, según el cual grandes accionistas sólo pueden ejercer el voto por un porcentaje máximo del capital (habitualmente el 10%) aunque tengan una participación mayor. La medida afecta a grandes compañías como Iberdrola, Repsol, Telefónica y otras. El aplazamiento fue acordado por todos los partidos después de que el Grupo Vasco, con el apoyo de los grupos de ERC-IU-ICV y Mixto, pidió más tiempo para intentar llegar a un consenso sobre la supresión de los «blindajes».

Sánchez Galán anunció a su vez que Iberdrola y Endesa, accionistas de la central nuclear de Garoña, pedirán al Estado una indemnización «importante» por el cierre de esta planta, decidida por el Gobierno. Nuclenor, dueña de Garoña, presentó ayer en la Audiencia Nacional una demanda contra la orden ministerial que decretó el cierre de la planta en julio de 2013.