Oviedo,

M. M. / J. A. A.

Nuevo choque entre los socios de gobierno, PSOE e IU. Esta vez a cuenta de posibles recortes en la ley de Dependencia, que en Asturias se lleva una partida anual de 216,8 millones de euros. El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, habló el pasado martes de un «parón» en esa ley; su portavoz, Ana Rosa Migoya, intentó precisar el alcance de ese término y la respuesta fueron sendas reacciones de la consejería de Bienestar Social y del coordinador general de IU, Jesús Iglesias, dejando muy claro que «de paralización, nada». La coalición avisa de que el recorte en presupuesto y personal tampoco será posible en esa área.

El Gobierno regional confirmó ayer la intención de parar la aplicación de la ley de Dependencia. Así lo anunció la consejera portavoz del Ejecutivo, Ana Rosa Migoya, aduciendo que ese «paréntesis» viene recogido en la propia ley y que lo aplicarán todas las comunidades. No obstante, aseguró que están garantizados todos los derechos ya reconocidos «a muchísimos asturianos». Para reforzar su argumento, leyó un artículo en el que sólo se dice que, transcurridos los tres primeros años de implantación, se evaluarán los resultados por si fuera necesario realizar modificaciones. Izquierda Unida (IU), que gestiona «la cuarta pata del Estado de bienestar», como definieron los socialistas a la ley de Dependencia, ya ha dicho que no admitirá ningún recorte.

Ana Rosa Migoya explicó tras la reunión del Consejo de Gobierno que el ajuste en el gasto corriente «es nuestra prioridad». Explicó que el Ejecutivo hará «un esfuerzo de reordenación de efectivos, de priorizar en qué materias se necesita mayor número de recursos». E insistió en que todo ello se hará «manteniendo la calidad de los servicios» en Educación, Sanidad y Servicios Sociales. Acto seguido se refirió a unas palabras pronunciadas por el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, en TVE el martes, en las que anunciaba el «parón» de la ley de Dependencia, que en sí misma, afirmó, prevé que se produzca un paréntesis para analizar la evolución de la aplicación y el ajuste económico. En teoría el pago de este servicio es a partes iguales entre las autonomías y la Administración central. La realidad es que el mayor peso lo realizan las comunidades, de ahí su desigual implantación.

Migoya leyó textualmente el párrafo al que se refirió el Presidente y en el que, según ella, se establece ese «parón», como dijo Areces, en todas las comunidades autónomas: «Transcurridos los tres primeros años de aplicación progresiva de la ley, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia realizará una evaluación de los resultados de la misma, proponiendo las modificaciones en la implantación del sistema que en su caso estime procedentes». El coordinador general de IU, Jesús Iglesias, se vio en la obligación de enviar un aviso a sus socios: su partido «no acepta ninguna paralización de la ley de Dependencia. Los Presupuestos de Asturias para 2010 son ya lo suficientemente ajustados para el cumplimiento de la ley del Salario Social y de la Dependencia, a las que IU no va a renunciar». Iglesias emplazó al Principado a que siga exigiendo al Ejecutivo central la aportación del pago del 50% de la ley de Dependencia, porque Asturias sólo recibe ahora el 30% del total. La Consejería de Bienestar sacó una nota en la que señaló que «no contempla ninguna paralización en el reconocimiento de ese derecho» y destacó que la aplicación de la ley «requiere crear nuevos servicios y el personal necesario para su funcionamiento». También rechazó que el proceso de evaluación de la ley «suponga una paralización».