Madrid / Oviedo, E. P. / J. C.
El director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), José Antonio Olavarrieta, afirmó ayer que la patronal defiende reducir el peso político en los órganos de gobierno de estas entidades desde el máximo del 50% hasta el 25%.
De llevarse a cabo esta reforma, Cajastur debería reducir a la mitad la actual presencia de los representantes del Parlamento autonómico y ayuntamientos en su consejo de administración y en su asamblea general. Los representantes de la Junta General del Principado y Ayuntamiento de Gijón (ambos, como entidades fundadoras de Cajastur) y los de aquellos municipios (incluido el de Gijón) que participan en los órganos de la caja asturiana en función de los ahorros captados por la entidad en sus territorios, suman en la actualidad 15 de los 30 miembros del consejo de administración y 150 de los 298 miembros de la asamblea, por lo que deberían reducirse a 7 y 75, respectivamente.
Los 30 miembros del consejo de administración de Cajastur percibieron en total el año pasado 541.000 euros y los 15 miembros de la comisión de control (de los que 7 representan a instituciones públicas) ingresaron otros 361.000 euros. En total, el consejo y la comisión percibieron en conjunto 912.000 euros.
La reducción del peso de las entidades públicas es una demanda de las cajas anterior a la actual crisis económica y financiera.
A esta limitación más estricta de la presencia pública podría sumarse un requisito adicional de despolitización, de prosperar el criterio, manifestado por el Gobierno, de que ningún político en ejercicio y con cargo público (presidente de Gobierno, consejero, diputado, senador, alcalde o edil) pueda figurar en el consejo y asamblea de una caja. La Comunidad Foral de Navarra ya anunció que aplicará esta norma.
