Nueva York, Agencias
El fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, ha abierto una investigación para determinar si ocho grandes entidades financieras condicionaron a las tres grandes agencias de calificación (Moody's, Standar and Poor's y Fitch) para que inflaran la nota de sus paquetes de inversión inmobiliaria. El proceso llega en un momento en el que las agencias de calificación de deuda están en entredicho por su actuación antes de la crisis y cuando distintos líderes europeos han mostrado su recelo hacia estas agencias.
Cuomo habría comenzado de este modo una investigación sobre la posible relación delictiva que podría existir entre los bancos Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, Citigroup, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Crédit Agricole y Merrill Lynch, que fue comprado por Bank of America, y las agencias de calificación Standard & Poor's, Fitch Ratings y Moody's Investors Service. Goldman Sachs está siendo investigada por beneficiarse de apuestas contra sus propios productos estructurados de hipotecas, luego convertidos en subprime.
Una parte de la investigación estaría centrada en ex trabajadores de las agencias de calificación citadas, que luego fueron contratados por alguno de los ocho bancos bajo sospecha, pues la fiscalía cree que éstos podrían haber presionado de alguna forma a sus ex compañeros para que elevaran el valor de determinadas títulos ofertados por bancos.
El periódico americano «The New York Times» pone como ejemplo el caso de Shin Yukawa, antiguo empleado de la agencia Fitch Ratings que en 2006 pasó a trabajar para Goldman Sachs con un sueldo de varios millones de dólares, mucho más de lo que percibía en la agencia de calificación. Yukawa, junto a otros altos ejecutivos anteriormente empleados por agencias de calificación y más tarde trabajadores de la banca, como Christopher Costello (Bank of America) o John Malysa (Deutsche Bank), mantuvieron además vínculos de amistad con sus antiguos compañeros que presumiblemente habrían facilitado las operaciones.
Otro objetivo de la investigación es determinar el grado de conocimiento que tenían las direcciones de los bancos investigados sobre la presunta alza de la calificación de sus productos financieros.
