Oviedo, Raquel L. MURIAS

Como una resaca y de las gordas. El día después de conocerse el recorte que Zapatero va a aplicar a los trabajadores públicos fue un día de dolor de cabeza para ellos, y esto no se cura con un ibuprofeno. Ayer, no se hablaba de otra cosa en los pasillos de las consejerías del Principado, detrás del mostrador donde se tramitan las ayudas al alquiler, en las puertas de los despachos de la Administración. Quieren saber, al menos, cómo se va a aplicar el recorte, qué va a pasar con sus nóminas y Ana Banluenga, funcionaria de la Consejería de Medio Rural, quiere saber si con el tijeretazo el banco le va a conceder su hipoteca.

La cifra estimada de un 5% menos de dinero al mes no les cuadra. Y los trabajadores públicos consultados coinciden en que no es justo convertirse en damnificados principales de la crisis. Carmen Álvarez lleva 23 años trabajando en la Administración local en Gijón. A ella la crisis ya le ha pasado factura dos veces: primero, porque cada vez son más los que acuden a pedir su ayuda en la oficina de Servicios Sociales a la infancia, y segundo, porque a más trabajo, menos sueldo. «Qué quieres que te diga, todavía lo estamos digiriendo. Lo peor de todo es que nos olemos que esto es sólo el principio, y que lo que se pretende es llevar a cabo un recorte de personal y privatizar los servicios públicos que son, en el fondo, los que el ciudadano quiere que no se toquen», aclara. Y abre el paraguas para aguantar el chaparrón que caía ayer a las puertas del edificio de servicios múltiples, adonde acude cada día a un curso de formación.

Mónica Cuervo, que lleva diez minutos escuchando a su compañera Carmen despotricar, decide soltar el cuello de la cazadora para explicarse: «Los recortes tienen que ser proporcionales, la mayoría de la gente que trabaja en la Administración es mileurista y la gente no lo sabe», remata. Y se sube la cremallera otra vez, porque prefiere no soltar todo lo que le quema por dentro.

Aguardándose de la lluvia y esperando a que el temporal dé una tregua para comer un pincho están varios veterinarios, funcionarios de la Consejería de Medio Rural. Pablo García tiene 40 años y sentencia: «Si esto sirve para acabar con la crisis, entonces perfecto, pero me parece que no». Su compañero, Alejandro Temprano, asiente. Estaban trabajando frente a frente cuando otro funcionario entró en la oficina anunciando el recorte: «Nos van a bajar el sueldo», les espetó a primera hora de la mañana de anteayer. «Me quedé muda, lo primero que pensé fue en las vacaciones y a ver de dónde recorto gastos», explica Ana Banluenga.

Dicen que, por principios, deberían movilizarse, pero «¡cuidado!, no vaya a ser que además de recortarnos el sueldo nos descuenten el día que vamos a la huelga», advierte García. No descartan nada. «Sabemos que habrá más ajustes, más recortes. Estamos a la expectativa», dice Temprano. Y justo sale el sol, dando una tregua al mal tiempo. Abren el paraguas y se van a comer el pincho. Bajan las escaleras, agarrados del hombro para no mojarse. En la tela del paraguas, que los cubre a los tres, unas letras en blanco -«Principado de Asturias»- los identifica como trabajadores públicos. Los del recorte.