Oviedo, L. GANCEDO

«Esta crisis nos ha demostrado alguno de los límites del modelo de cajas de ahorros. Por ello, se cambiará rápidamente la ley para aproximarlos al mercado, con el fin de aumentar su disciplina y posibilitar su desarrollo y capitalización a medio plazo». Lo dijo anteayer el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, durante una intervención en el catalán Círculo de Economía, y tales palabras sintetizan el nuevo rumbo que el organismo supervisor quiere imprimir a las entidades de ahorro que controlan la mitad del mercado español. Fernández Ordóñez se muestra abiertamente partidario de la entrada de capital privado en las cajas y de la mayor profesionalidad, transparencia y control del riesgo que, según su criterio, traerá consigo la muy próxima reforma de la única banca semipública que existe en España.

El gobernador del Banco de España pronunció en el Círculo de Economía -influyente «Think tank» barcelonés encabezado por Salvador Alemany, presidente de Abertis- una conferencia titulada «Lecciones de la crisis para la reforma del sistema financiero». Una de esas lecciones reza así: «La disciplina de mercado y, en particular, la ejercida por los accionistas, se ha revelado como un elemento muy importante en esta crisis para acelerar la reacción del sistema». Sostiene Fernández Ordóñez que la necesidad de acudir al mercado en busca de capital y la obligación de ofrecer rentabilidad y explicaciones a los accionistas han conducido a los bancos a maniobrar con más presteza y eficacia en aspectos como la mejora de la liquidez o la gestión de los «activos problemáticos».

«Los bancos españoles han podido avanzar en esa dirección. Las cajas, al verse más alejadas de la disciplina de mercado, han actuado con mayores dilaciones y menor decisión», explicó el directivo, y auguró rápidos cambios legales sobre las cajas. El reciente pacto entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP,. Mariano Rajoy, sobre el sector financiero incluye el compromiso de concertar en tres meses la reforma de la Ley de Cajas. Tal acuerdo incluye actuar en dos direcciones: reducir la presencia política en la estructura corporativa y abrir paso a la participación de capital privado.

La reforma coincide con el proceso de fusiones, con un panorama en los mercados mayoristas del dinero donde el tamaño importa cada vez más y a dos años vista de que entren en vigor las normas internacionales «Basilea III», que impondrán a todas las entidades la obligación de contar con más capital y de mayor calidad, subrayaron fuentes del sector.

Los bancos podrán resolver el trance de Basilea captando recursos en el mercado, ampliando capital. Las cajas disponen también de un mecanismo reglado, la emisión de cuotas participativas, una especie de acciones sin derechos políticos, pero se da por sentado que con sus actuales limitaciones -los titulares no tienen voz ni voto sobre la gestión- resultarán ineficaces.

A decir de Fernández Ordóñez, se abren tres posibilidades:

l «Para algunas cajas concretas, las solución puede discurir por la vía de aproximación a un modelo bancario. Un ejemplo posible sería el de Cajastur, que si precisara reforzar su capital podría hacerlo incorporando capital privado a Banco Liberta, la sociedad financiera que utilizará para integrar a Caja Castilla La Mancha.

l «Para otras cajas, la solución puede ser la emisión de cuotas participativas dotadas de derechos de voto y capacidad de sus poseedores de intervenir en la administración». La ley abrirá así la puerta a que haya accionistas privados en los órganos corporativos, hoy copados por los representantes políticos, sindicales y de los impositores. La izquierda, incluidos dirigentes del PSOE como el asturiano Javier Fernández, recelan de esta salida por el «riesgo de privatización».

l «Para el resto de cajas, el difícil acceso al mercado de capitales las va a circunscribir a un negocio más local», concluyó Fernández Ordóñez.