En España, la eventual entrada en vigor de una figura tributaria de ese tipo ha empezado a generar la curiosidad sobre los políticos que, por ser titulares de elevados patrimonios, podrían tener que hacer frente a esta nueva carga fiscal.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, bromeó ayer mismo al ser preguntada si ella tendrá que pagar el nuevo impuesto que prepara el Gobierno central sobre los patrimonios que superen el millón de euros. «Lo pagará Bono, me imagino, yo soy pobre de pedir», manifestó. Aguirre ya había dicho en unas memorias autorizadas, publicadas hace dos años, que, pese a su salario y a su patrimonio personal y familiar, le cuesta «llegar a fin de mes», lo que resultó muy controvertido.
En el Gobierno, la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia (4,97 millones de patrimonio); el de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián (1,22 millones), y el de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba (1,22 millones de euros, incluyendo bienes y derechos de herencia familiar), son los tres miembros del Ejecutivo que declararon un patrimonio por encima del millón de euros.
A esa cifra no llegan, sin embargo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (con un patrimonio de 209.206 euros) ni ninguno de los tres vicepresidentes.
Si la superan, a la inversa, tres de los secretarios de Estado: el asturiano José Manual Campa (Economía) posee 2,01 millones; Josep Puxeu (Medio Rural y Agua),1,8 millones, y Francisco Ros (Telecomunicaciones), 1,4 millones. Muy cerca se queda Silvia Iranzo, secretaria de Estado de Comercio, con 993.250 euros de patrimonio declarado.
El diputado de IU Gaspar Llamazares aseguró que no se cree el anuncio del presidente Zapatero sobre un posible impuesto para ricos porque, sostuvo, el PSOE también habló de ello el pasado verano, cuando se preparaban los presupuestos generales, y terminó aprobando una subida general del IVA.
