Oviedo,

Marián MARTÍNEZ

Madrid/ Oviedo

Los consejos de administración de Cajastur, Caja Mediterráneo (CAM), Caja Extremadura y Caja Cantabria aprobaron ayer la alianza de las cuatro entidades mediante el sistema institucional de protección (SIP), conocida también como fusión «fría» o «virtual». Sólo hubo cierta resistencia sindical, con un voto en contra en Cajastur y otro en CAM, donde también se registró una abstención entre los representantes de los trabajadores. En Extremadura y Cantabria hubo unanimidad. El presidente de CAM, Modesto Crespo, justificó que Cajastur tenga el mismo peso que la entidad alicantina (40%) en la entidad resultante porque, aunque sea de menor tamaño, aporta más solvencia y poca morosidad.

El presidente de Cajastur, Manuel Menéndez, hizo una presentación ante los consejeros sobre los pormenores de la operación y los socios de la caja asturiana. No hubo debate, ni discusión, pero sí bastantes preguntas sobre cómo surgió la idea de la «fusión», cómo se fraguó el acuerdo, cómo fueron las negociaciones y qué consecuencias tendrá este proceso para Cajastur.

Manuel Menéndez explicó a los consejeros, según confirmaron distintas fuentes, que hacía ya tiempo que los presidentes de las cajas de ahorros de todo el país «hablaban unos con otros» sobre la reordenación del sector y qué sería lo más conveniente de cara al futuro.

El futuro consejero delegado de la que será la tercera caja de ahorros de España y la quinta entidad financiera del país les confirmó que, tras la intervención de Cajasur por el Banco de España, las negociaciones «de todos con todos» se habían precipitado. Y entonces, «de repente surgió la oportunidad». Las negociaciones se aceleraron entonces al máximo para llegar al acuerdo que se alcanzó a primera hora de la tarde del lunes.

Manuel Menéndez también explicó a los consejeros en qué consiste exactamente una SIP o fusión «fría», «porque muchos lo desconocían», y la importancia y volumen que Cajastur adquiría con su alianza con las otras tres cajas sin perder su independencia jurídica, ni el negocio minorista, ni la marca, ni la Obra Social.

El presidente de Cajastur también incidió en que esta operación es independiente a la de Caja Castilla-La Mancha (CCM), que culminará en unas semanas. Y añadió que el peso de esta entidad sí se tuvo en cuenta a la hora de poner sobre la balanza la relevancia de la caja asturiana como grupo para realizar el reparto del accionariado en la fusión «virtual». «Fue un consejo relajado, tranquilo, sin tensiones ni debate y sí con todas las explicaciones que se pidieron», aseguraron las mismas fuentes. Al final, 29 de los 30 miembros del consejo votaron a favor de la fusión. Lo hizo en contra Manuel Ángel Arias, consejero por designación de UGT.

El consejo de CAM, que como Cajastur tendrá un 40% en el nuevo grupo, también aprobó la operación, aunque tuvo una abstención del representante de su sindicato mayoritario, el independiente SICAM, y el voto en contra de UGT. Ambos coincidieron en censurar que no se haya hecho un acuerdo laboral previo para garantizar el empleo y que si hay que reestructurar plantilla será mediante prejubilaciones y no con despidos. Además, criticaron que esta fusión se realice mediante la creación de un banco, que tendrá sede en Madrid.

El resto de los consejeros de CAM realizaron también numerosas preguntas en el mismo sentido de las que se plantearon en Cajastur y también en los consejos de administración de las cajas de Extremadura y Cantabria, en los que la fusión «virtual» se aprobó por unanimidad. Ambas entidades ya habían reconocido el pasado martes que su cuota de participación en el quinto grupo financiero del país es superior a su peso real. Caja Extremadura tendrá el 11% y Caja Cantabria el 9% del capital.

El siguiente paso ahora es desarrollar el contrato de fusión, que se deberá entregar en el Banco de España para tramitar, además, la solicitud de ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que finaliza el 30 de junio. Una vez superados estos primeros plazos, que vienes establecidos precisamente por el decreto ley que regula el FROB, se iniciará un proceso más complejo para la constitución real de la nueva entidad bancaria que aún no tiene nombre, pero que aglutinará 2.300 oficinas en todo el país, unos 14.000 trabajadores y activos por valor de 135.342 millones de euros.