Oviedo, F. G. / Agencias

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero aseguró ayer en el Congreso que el Gobierno aprobará «en breves semanas» el nuevo impuesto para los 4.600 españoles más ricos. Con este anuncio el jefe del Ejecutivo volvía a rectificar a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, quien anteriormente había descartado que la preparación de este tributo estuviera tan avanzada.

El anuncio de Zapatero se produjo ante una pregunta del líder del PP, Mariano Rajoy, quien en la sesión de control criticó las «contradictorias declaraciones» de los miembros del Gobierno, que siembran «preocupación y mucha desconfianza».

Urgido por Rajoy a aclarar si supondrá una subida del IRPF o influirá en el impuesto del patrimonio o en el de sucesiones, el Presidente explicó que este tributo será extraordinario y temporal y no afectará a impuestos generales, «ni al 99,9 por ciento de la población», ya que está dirigido a las personas «con alta capacidad económica» para que hagan «un esfuerzo solidario» frente a la crisis.

El Gobierno aseguró posteriormente a la agencia «Efe» que no habrá una modificación del IRPF, porque las grandes fortunas no tributan con este impuesto, aunque tampoco van a tocarse las SICAV (sociedades de inversión de capital variable), que gestionan grandes patrimonios y sólo tributan al 1% -aunque cuando se reparten plusvalías lo hacen como rentas de capital, al 19% o al 21%-. Fuentes parlamentarias creen que será el anuncio estrella del debate sobre el estado de la nación, previsto para mediados de julio.

Rajoy reprochó a Zapatero que hacer este «inquietante» anuncio y no concretarlo es algo que generará, dijo, más desconfianza e incertidumbre. El líder del PP advirtió de que crear un nuevo impuesto después de recortar los ingresos a los funcionarios, congelar la pensiones y subir el IVA afectará gravemente al consumo, al crecimiento y a la generación de empleo.

Zapatero señaló que ante la gravedad de la crisis todos los gobiernos se han visto obligados a poner en marcha nuevas medidas. «A veces hay que cambiar de opinión y usted no puede porque no tiene ninguna», le espetó a Rajoy, en un debate muy alejado del crispado Pleno del Senado, donde el martes el PP pidió a gritos durante tres minutos la dimisión del presidente.

Por su parte, IU, ERC y el BNG propusieron un nuevo tipo impositivo del IRPF del 50% para las rentas superiores a los 100.000 euros, un 35% en el impuesto de sociedades para las empresas que ganen más de 100 millones y la recaudación del impuesto del patrimonio. Según ellos, supondría más de 8.000 millones de ingresos.

La vicepresidenta Salgado negó las acusaciones del PP de que había vuelto a ser desautorizada por Zapatero. María Teresa Fernández de la Vega dijo que «la ceguera electoral» ha llevado a los populares a hacer una oposición asilvestrada.

El Gobierno reconoció ayer que rectificó en el «Boletín Oficial del Estado» el decreto que prohíbe a los ayuntamientos recurrir al crédito en todo el año 2011 a petición de los municipios, algunos de los cuales han reclamado un trato diferente en este asunto para los que han hecho los deberes.

Anoche se informó de que horas antes de llevarlo al Congreso para su debate, el BOE publicó una nueva corrección que revela, según el PP, una lucha dentro del Gobierno entre los departamentos de los vicepresidentes María Teresa Fernández de la Vega y Manuel Chaves. El principal partido de la oposición solicitó la comparecencia del director del «Boletín Oficial del Estado» para que explique cómo se hacen las correcciones.

Aunque Salgado insistió en que se modificó el decreto en el BOE para corregir un «error» -en principio la norma publicada establecía que el veto al endeudamiento entraba en vigor de inmediato-, el mismísimo Zapatero asumió que sí se produjo una rectificación. Es «perfectamente comprensible» que se cambie una fecha en un decreto de la complejidad del aprobado el pasado jueves para reducir el déficit: «Nosotros asumimos que rectificamos, es un principio que creo que está bien para gobernar», dijo el Presidente en la segunda desautorización de la jornada a la titular de Economía.

«A través de distintos cauces los ayuntamientos expresaron este problema y el Gobierno ha sido sensible y lo ha resuelto para que las obras que tienen cofinanciadas con comunidades, el Gobierno o fondos dependientes de la UE no tengan ningún problema a la hora de esa financiación», explicó el vicepresidente Manuel Chaves.