Oviedo,
Javier CUARTAS
El grupo financiero que va a constituir Cajastur, y cuya dirección ejecutiva estará en manos del presidente de la caja asturiana, Manuel Menéndez, congregará a cuatro cajas de ahorros (Cajastur, CAM, Caja Extremadura y Caja Cantabria) y participación en cinco bancos. En dos de ellos (el que crearán las cuatro entidades y que aún carece de nombre y Banco Liberta, filial de Cajastur) el dominio será hegemónico (entre el 75 y el 100%) y en otros tres (Inversis, EBN y BMCE Bank) el peso accionarial del grupo oscilará entre el 5 y el 20%.
Este conglomerado de cajas y participaciones bancarias, que se convertirá en el quinto grupo más relevante del sistema financiero del país (por detrás de Santander, BBVA, la Caixa y Caja Madrid) constituye la mayor operación de concentración realizada hasta ahora en el sector de las cajas de ahorros españolas en sus 200 años de existencia y se situará en el tercer puesto en el «ranking» de cajas.
El futuro «grupo consolidable», como se define a sí mismo, y que se materializará mediante una «fusión virtual» o «fusión fría», reunirá, mediante la figura jurídica de un sistema institucional de protección (SIP), a cuatro cajas de ahorros que suman 135.000 millones de euros en activos, 177.000 millones en volumen de negocio, 10.000 millones de recursos propios computables, 14.000 empleados, 2.300 oficinas, presencia en todas las comunidades autónomas y de forma muy significativa en 23 provincias, 5 millones de clientes y una cuota de mercado superior al 6% en ocho provincias y entre el 1% y el 4% en quince.
Este conglomerado, que se vertebrará en torno a un ente central con forma jurídica de sociedad anónima y titular de una ficha bancaria, manejará a su vez un volumen de participaciones accionariales en empresas cuyo valor se estima en 4.000 millones de euros.
El futuro banco sobre el que se articulará el grupo tendrá su sede en Madrid y asumirá todos los poderes en el diseño de las políticas y estrategias de negocio del grupo, en la definición y observancia de los niveles y medidas de control interno y en la gestión de riesgos, así como todas las competencias en materia de gestión financiera y de activos, pasivos, tesorería, participadas, riesgos, operaciones, sistemas y productos.
Las cajas participantes en la nueva entidad bancaria mantendrán su personalidad jurídica, su implantación regional en el negocio minorista (banca comercial y banca privada), sus órganos de gobierno y la obra social y cultural, que seguirán asignadas a cada caja respectiva con plena soberanía sobre ellas.
Cajastur, que es por tamaño la segunda caja más importante de las cuatro que se asocian, representará el 23,66% de los activos totales del futuro grupo (una vez que, a través de su banco filial, Liberta, asuma el control de CCM), pero tendrá el 40% del capital y el 33% de los miembros de su consejo. Y dispondrá además del principal puesto ejecutivo (el presidente de Cajastur, Manuel Menéndez, será el consejero delegado del conjunto) y de uno de los dos directores generales del futuro banco.
El presidente de la caja alicantina CAM, Modesto Crespo, justificó la sobrerrepresentación de Cajastur en el futuro banco compartido por las cuatro cajas en razón de la bondad de sus datos cualitativos (rentabilidad y solvencia). A ello se suma el peso de la cartera de empresas participadas: la caja asturiana aportará en torno al 50% del conjunto de participaciones accionariales que manejará el grupo.
Entre esas participaciones figurará el 75% que Cajastur va a tener en el Banco Liberta (hoy posee el 100%). A Liberta se incorporará todo el negocio financiero de Caja Castilla La Mancha (CCM) si así lo aprueba el 30 de junio -como es presumible que ocurra- la asamblea general de la intervenida entidad financiera manchega. CCM aportará a Liberta unos 2.000 empleados y más de 500 oficinas en 21 provincias. El Banco Liberta, hoy con sede en Asturias y sin apenas actividad, comenzará a operar con base en Cuenca y dependerá directamente de Cajastur, que de este modo pasará a tener participación simultánea en dos bancos.
Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que tendrá el 40% -lo mismo que Cajastur- en el futuro banco que ambas constituirán con Caja Extremadura y Caja Cantabria, aportará al grupo resultante participaciones en otras tres entidades bancarias más. CAM tiene el 20% del banco de negocios EBN, el 15,5% del banco Inversis y el 5% del Banco Marrocaine du Commerce Exterieur (BMCE Bank).
EBN Banco de Negocios está participado a su vez por otras cuatro cajas de ahorros: Caja Duero (ahora en proceso de fusión con Caja España), Unicaja (que acaba de absorber a Caja Jaén), Ibercaja y la balear Sa Nostra.
EBN es un banco de negocios creado en 1991 a partir de la transformación en entidad financiera de la antigua sociedad mediadora Descontiber. Tiene su sede en Madrid y se dedica a asesoramiento financiero, banca corporativa, financiaciones especializadas y de proyectos, capital riesgo e inversión, tesorería y mercado de capitales.
CAM tiene dos puestos en el consejo de administración de EBN. Este banco cuenta desde diciembre de 2008 con la propiedad del 6% del grupo asturiano Duro Felguera a través de la sociedad Liquidambar Inversiones Financieras. Desde mayo de 2009 este grupo cuenta con un consejero en Duro.
Inversis Banco es una entidad de banca telefónica y por internet, aunque dispone de 29 centros de asesoramiento en otras tantas ciudades, ninguna de ellas en Asturias. Además de CAM (que tiene el 15,5% de su capital) participan en su accionariado Caja Madrid, Cajamar (la mayor caja rural española), Banca March, El Corte Inglés, Indra y Telefónica.
El BMCE es una de las principales entidades financieras de Marruecos, creada hace medio siglo por un decreto del rey marroquí, aunque posteriormente fue privatizado. El BMCE es titular a su vez del 51% del Bank of Africa. Una de sus filiales, el BMCE Bank International, tiene oficinas en 55 países, dos de ellas en España.
Cajastur, CAM, Caja Extremadura y Caja Cantabria pasarán a ser así el grupo de cajas con participación en un mayor número de bancos. Pero la titularidad de bancos por parte de cajas de ahorros no es nueva. La propia Cajastur ya lo intentó en el pasado. El ex presidente de la caja Ángel Fernández Noriega negoció la adquisición del Banco de Asturias al británico NatWest Bank antes de que éste vendiese todo su grupo en España al Banco Sabadell.
La Caixa también fue propietaria en Asturias del Banco Herrero entre 1995 y 2002. Caja Madrid, además de su participación en Inversis, comparte con Mapfre el dominio del banco de Servicios Financieros (BSF), cuya licencia tiene origen asturiano, y posee además el 83% del City National Bank of Florida.
La caja guipuzcoana Kutxa adquirió en 2001 el Banco de Madrid al Deutsche Bank. Caixanova controla el 50% del Banco Gallego, Bancaja tiene el 100% del Banco de Valencia y el Banco Europeo de Finanzas (BEF), que se denomina a sí mismo como el «Banco de las cajas andaluzas», está participado por estas entidades. Hasta las cajas rurales cuentan con su propio banco, el Banco Cooperativo Español, del que son accionistas Caja Rural de Asturias y Caja Rural de Gijón.
La compra de bancos por cajas molestó mucho a los banqueros, que durante años exigieron tener la posibilidad de poder comprar cajas. La dificultad para ello estriba en que las cajas carecen de acciones y la eventual compra de sus cuotas participativas no concede derechos ni de voto ni de elección en los órganos de las cajas porque son títulos sin derechos políticos.
Sin embargo, el presidente de Cajastur, el catedrático de Economía Manuel Menéndez, siempre sostuvo que ese argumento contra las cajas (se las acusaba de privilegio y de ultraprotección en un mercado por ello asimétrico en su favor y en detrimento de los bancos) era infundado porque los bancos podrían adquirir la totalidad de los activos de una caja a excepción de su marca. Esto fue justo lo que puso en marcha Cajastur hace seis meses con la adquisición del negocio financiero de la caja manchega CCM a través de un banco de su propiedad (Liberta). Lo mismo intentó hacer BBK y eso se dispone hacer ahora el Banco Sabadell, que acaba de anunciar su intención de pujar por la también intervenida CajaSur.
Pero que las cajas usen bancos como sociedades instrumentales no sólo incomoda a los banqueros. En el bando contrario, algunos de los defensores de las cajas también se resisten porque ven en ello un peligro. Es lo que se ha denominado incorrectamente la «privatización» de las cajas, cuando éstas son ya sociedades privadas, por más que carezcan de accionistas y aun cuando muchas de ellas tengan una relevante presencia pública por el origen institucional de su fundación.
El miedo es en realidad a la «bancarización» de las cajas, es decir, a que éstas acaben trasvasando su actividad financiera a sociedades anónimas (bancos), desdibujándose con ello la singularidad de su naturaleza jurídica, y arriesgándose a ser objeto de enajenación, dado que los bancos, en tanto que son sociedades anónimas, tienen estructurado su capital en títulos (acciones), que son inevitablemente transferibles y además susceptibles de cotización en Bolsa. Este temor se ha acrecentado a partir de la fuerte corriente de opinión, alentada desde foros académicos pero también institucionales (caso del FMI), que exige de hecho la transformación de las cajas en entidades cada vez más análogas a los bancos.
Amén de consideraciones ideológicas que pudieran subyacer en esas tomas de posición (en 200 años sólo ha habido dos cajas intervenidas en España por su situación calamitosa, pero la lista de bancos quebrados o intervenidos es muy dilatada), el gran argumento que ahora impulsa a las fusiones de cajas y a que las integraciones «virtuales» se hagan a través de bancos es la imposibilidad de las cajas de ahorros para ampliar su capital social si las dificultades les obligasen a ello para evitar su insolvencia. Mientras los bancos pueden emitir acciones para ampliar sus recursos propios, las cajas carecen de esa posibilidad y sólo pueden reforzarse por la vía de generar beneficios. El problema es cuando los superávits (como está ocurriendo ahora en algunas entidades) dejan de existir.
Disponer de un banco en poder de una o varias cajas les abre posibilidades de apelar al mercado para financiarse y de ahí que los SIP estén concebidos para que se vertebren en torno a un banco. La patronal de Cajas (CECA) y los sindicatos han pedido al Gobierno que en la inminente reforma de la ley de Cajas introduzca la posibilidad de que estas agrupaciones virtuales se puedan organizar utilizando como instancia central, en la que radicará la dirección única del grupo, una caja y no un banco, con el fin de no desnaturalizar el sector. Es lo que se ha dado en llamar las «cajas de cajas». El Ministerio de Economía dijo en abril que veía «problemas» para acceder a esta petición.
El argumento al uso es que una «caja de cajas» tendría, por su propia condición jurídica, la misma incapacidad que una caja de ahorros para recapitalizarse, dado que de hecho el órgano central sería una caja. En consecuencia, podrían volver a reproducirse los mismos problemas que se tratan de conjurar con las «fusiones virtuales».
Además, una «caja de cajas» preservaría (salvo cambio en la ley) la presencia de representantes políticos en los órganos de gestión de la entidad central del grupo justo cuando hay una fuerte exigencia desde el mundo académico, desde instituciones supranacionales y aun desde la misma CECA para que se limite mucho más la presencia de representantes públicos en los órganos de gobierno de estas entidades.
Entre muchos defensores de las cajas lo que se percibe es un intento de aprovechar la crisis económica internacional para acabar con un «modelo de éxito», que ha sobrevivido 200 años, porque es una fórmula atípica en el mundo capitalista y que además ha arrebatado cuota de mercado a los bancos.
