Oviedo

El PP impulsó durante su segunda reforma laboral, en 2002, el denominado «despido express». El Ejecutivo de José María Aznar sacó adelante una medida en la permitió que las empresas pudieran reconocer directamente que despedían a los trabajadores de forma improcedente, sin tener que pasar por un juicio previo. Esto supone para el empresario el pago de la indemnización máxima a la que haya lugar, pero ahorrándose los llamados salarios de tramitación, el pago de los sueldos correspondientes al tiempo que dura el proceso judicial.

Los empresarios han recurrido de forma masiva a este procedimiento, para el que es condición depositar en las 48 horas siguientes a la salida del trabajador la indemnización aplicable al despido improcedente (45 días por año trabajado en el contrato indefinido ordinario). Por esta vía se realizan en España el 80% de los despidos, presentándose formalmente como despidos disciplinarios, aunque en la mayoría de los casos responden en realidad a causas económicas de las empresas.

En 2002, con un 10,5% de paro, la propuesta de reforma del Gobierno, que incluía también cambios en las prestaciones por desempleo, condujeron a una huelga general. En 1997, el primer Ejecutivo de Aznar había promovido otra reforma que incluyó la creación del contrato de fomento del empleo indefinido, con despido más barato que el ordinario.