Madrid / Agencias

La Comisión de Trabajo del Senado aprobó ayer la reforma laboral con los votos favorables del PSOE, de los catalanistas agrupados en Entesa (donde el PSC es mayoritario) y del Grupo Mixto, los votos en contra del PP y las abstenciones de CiU y PNV, que resultaron decisivas. El PSOE llegó con tres enmiendas pactadas con todos los grupos, entre las que destaca la rebaja de 100 a 30 días del plazo para que los parados puedan rechazar cursos de formación sin ser sancionados. Incluso el PP se sumó a esta iniciativa, por considerar que sirve para controlar el fraude en las prestaciones de paro, pero lo hizo a cambio de que el texto incluyera que la formación se adecue al perfil profesional de los desempleados.

La reforma laboral sale de la Cámara alta con algunas precisiones menores en temas como el despido y una aportación de más calado sobre las prestaciones de desempleo. La decisión de endurecer el control sobre los subsidios y sobre la obligación de formarse de los parados, que pueden llegar a perder sus prestaciones si rechazan participar en cursos, ha avivado las críticas sindicales. UGT y CC OO denunciaron ayer que, a la luz de la tramitación parlamentaria de la reforma laboral, aumentan las razones para la huelga general del 29-S.

La votación general de la reforma arrojó inicialmente un empate en la Comisión de Trabajo: doce votos a favor, doce en contra y dos abstenciones. Pero aplicando el procedimiento del voto ponderado, que tiene en cuenta la representatividad de cada grupo en el Pleno del Senado, el resultado fue finalmente favorable al texto. El procedimiento de votación de los grupos en bloque impidió, por otra parte, que ERC e ICV, incluidos en Entesa, pudieran rechazar el proyecto en su conjunto.

A pesar de las posiciones globales sobre el proyecto de ley, los grupos intercambiaron apoyos sobre algunas enmiendas parciales. El PP apoyó una del PNV que restringe la conversión en trabajadores fijos a sólo los temporales que hayan realizado «idéntica actividad y en el mismo puesto» con contratos encadenados durante tres años, ampliables a otro más. En la legislación actual la única condición es que encadene tres contratos.

Los nacionalistas vascos también consiguieron eliminar como causa legal de despido que el absentismo laboral global de una empresa llegue al 2,5%. Ahora se valorará si el empleado falta el 20% de su jornada hábil en dos meses consecutivos.

En contra de lo ocurrido en el trámite del Congreso, las razones del despido objetivo indemnizado con 20 días no se debatieron, ante la negativa del PSOE de pactar con CiU un cambio en las causas económicas con el que los catalanes pretendían precisar el texto. Lo único que consiguió CiU al respecto fue una «corrección lingüística», aceptada por el letrado de la Comisión, por la que se cambió una coma por un punto y coma, que -a juicio del senador de ese grupo Jordi Casas- «facilita» a los empresarios el despido por esta causa y a los jueces su interpretación. El texto ahora dice que concurren causas económicas para el despido cuando «de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas; o la disminución persistente de su nivel de ingresos».

En cuanto a la intermediación laboral, el PSOE aceptó incluir que tenga consideración de «servicio de carácter público» con independencia de que el agente que la realice sean los servicios públicos o las empresa de trabajo temporal. El PSOE logró que se aprobaran todas sus enmiendas, también la que obliga a pagar en dinero a las trabajadoras del hogar el salario mínimo interprofesional (633 euros) y que no compute como sueldo el pago en especies.