24 de agosto de 2011
24.08.2011
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Zapatero y Rajoy acuerdan una reforma constitucional exprés para limitar el déficit

El Presidente reconsidera su negativa anterior y acata las indicaciones de Merkel y Sarkozy para incluir en la Carta Magna la obligación de estabilidad presupuestaria

24.08.2011 | 02:00

Madrid / Oviedo, Agencias

Madrid / Barcelona, Agencias
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, revelaron ayer la existencia de un principio de acuerdo entre ambos para una reforma «inmediata» de la Constitución que impondrá al conjunto de la Administración (autonomías y ayuntamientos incluidos) límites de déficit y endeudamiento. España se convierte así en el primer país en seguir las instrucciones recién marcadas por la canciller alemana, Angela Merkel, y por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, para reforzar la defensa del euro y apaciguar a los mercados financieros. El modelo de regla de déficit que se impulsará en España está por perfilar, pero su formulación genérica ha despertado ya los recelos del Gobierno de Cataluña, disensiones en las filas socialistas y dudas entre los expertos acerca del impacto en el crecimiento económico futuro.

Zapatero comparecía ayer en el Congreso para debatir la convalidación de las nuevas medidas económicas aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado viernes (reducción del gasto farmacéutico, rebaja del IVA al 4% hasta diciembre para la compra de vivienda y recaudación anticipada del impuesto de sociedades para las grandes empresas, entre otras políticas). La abstención, conocida de antemano, de los grupos nacionalistas garantizaba al PSOE la aprobación del ajuste, allanada después con la abstención crítica del PP.

Y el Presidente introdujo en su intervención una propuesta sorpresa: establecer cuanto antes en la Constitución «una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo, en relación tanto con el déficit estructural como con la deuda, que vinculara a todas las administraciones públicas». Zapatero planteó que tal reforma se aborde de manera «inmediata», antes de que las cámaras legislativas se disuelvan a finales de septiembre para la convocatoria electoral del 20 de noviembre. Esto es, la segunda reforma de la Carta Magna española en sus 33 años de historia (la única anterior data de 1992) debería concretarse en poco más de un mes. Y se plantea de ese modo aunque, según expuso el propio presidente, el nuevo techo constitucional de déficit está pensando con vistas al período 2018-2020.

Zapatero y Rajoy están de acuerdo en abordar la reforma ya, también a pesar de que el plazo marcado para el conjunto de la eurozona por Alemania y Francia llega hasta el verano de 2012.

El presidente español reveló ayer que había mantenido conversaciones previas con el líder del PP y con el candidato socialista a la Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba. Mariano Rajoy confirmó en su discurso la disposición del PP a reformar la Constitución y remarcó que hace ahora un año él mismo había propuesto un cambio constitucional que «recogiera los principios de estabilidad presupuestaria, algo parecido a lo que ya han hecho en Alemania». Entonces, y en el curso de otro debate parlamentario, Zapatero había desechado tal propuesta. Rubalcaba, entonces ministro, también había tratado de desautorizar la sugerencia de Rajoy, concordante con las posiciones de Merkel y, en general, con los criterios de la ortodoxia conservadora europea.

¿Qué implica establecer un techo de déficit y deuda en la norma fundamental del Estado? Se interpreta como un mensaje potente a los mercados financieros sobre el compromiso de disciplina presupuestaria, de seriedad en el gasto público y de garantía de solvencia. Una especie de seguro para los inversores que prestan dinero a la Administración. Los impactos económicos dependerán de cuál sea el diseño de la regla. Alemania se ha dotado de una norma que establece como techo de déficit anual el 0,35% del PIB para el Gobierno federal a partir de 2015 y lo prohíbe por completo para las regiones («lander») desde 2019. Esta regla es rígida, independiente del ciclo económico. Restringe por tanto la capacidad del Estado de intervenir con políticas de gasto para reanimar el crecimiento (medidas anticrisis de enfoque keynesiano) en situaciones de crisis y de merma de los ingresos.

En 2008, el Gobierno español modificó la ley de Estabilidad Presupuestaria para flexibilizar, adaptándola al ciclo económico, la obligación de estabilidad en las cuentas públicas («déficit cero»), instaurada en 2001 (ante la entrada en el euro) con José María Aznar en la Moncloa. Hace pocos meses, la ministra de Economía, Elena Salgado, opinaba, al igual que Zapatero, que no era necesaria una reforma constitucional para embridar el déficit público español.

El candidato del PSOE a las próximas elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, era hasta anteayer reticente a la reforma constitucional que ha planteado el presidente del Gobierno. El aspirante socialista a la Moncloa reveló ayer que Rodríguez Zapatero le «convenció anoche» de la conveniencia de reformar la Carta Magna para incluir un tope de gasto y afirmó también que desistió en su resistencia ante el acuerdo alcanzado por Zapatero con Rajoy. Esto es, el Presidente llegó antes a un acuerdo con el líder de la oposición.

En una breve declaración en los pasillos del Congreso, Rubalcaba explicó que ha hablado «en diferentes ocasiones» con el jefe del Ejecutivo sobre la reforma de la Constitución y desveló que Zapatero le había «convencido» hacía sólo unas horas. «Pensé que un gran acuerdo entre el PP, el PSOE y el Gobierno para luchar contra el déficit podía ser muy importante para la buena marcha de la economía española en estos momentos», ha explicado.

En ámbitos cercanos al PSOE se interpreta que la iniciativa de Zapatero de abordar en este momento la reforma de la Constitución para limitar el déficit da bazas electorales a Rajoy frente a Rubalcaba.

El presidente del Congreso, José Bono, ha advertido este martes al PSOE y al PP de que su proposición de ley para retocar la Constitución deberá estar registrada en la Cámara a más tardar este viernes para que pueda ser aprobada antes de que termine la legislatura.

El texto deberá ser tramitado en las dos cámaras por el procedimiento de urgencia y en lectura única. El esquema sería el siguiente: la proposición de ley se registraría esta misma semana, el Congreso la tomaría en consideración en el Pleno del martes 30 y la aprobaría para su remisión al Senado dos días después. La Cámara alta podría reunirse la semana del 5 de septiembre para aprobar la revisión constitucional de forma definitiva.

La reforma debe ser apoyada por tres quintas partes de las Cortes. Después se debe abrir un plazo de 15 días para que, si lo considera oportuno al menos un 10% de los miembros del Congreso (35 diputados) o el Senado (28 senadores), soliciten que la reforma se someta a referéndum. Izquierda Unida ya ha reclamado ese referéndum, pero a priori no parece haber ese número mínimo de diputados y senadores ante el pacto PSOE-PP.

El portavoz del Ejecutivo catalán (CiU), Francesc Homs, se opuso ayer a la reforma de la Constitución planteada por el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y acusó a PSOE y PP de pretender «cargarse la autonomía financiera» de la Generalitat. El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, se mostró más contenido y señaló, durante el debate parlamentario, que, a la espera de conocer los detalles, comparte el «espíritu» de la propuesta de Zapatero.

Homs señaló que, a la «espera de conocer los detalles» de la reforma propuesta, la Generalitat «se mirará con mucha cautela y precaución cualquier reforma constitucional que venga de la mano del PSOE y el PP». Para el portavoz del Gobierno de Artur Mas, limitar el techo de déficit de la Generalitat, incluso en el marco de una reforma más general, supondría «liquidar el autogobierno de Cataluña, ya que, sin autonomía financiera, no hay autogobierno».

«Lo que no puede ser es que venga impuesto por Madrid, porque es cargarse la autonomía financiera de Cataluña», añadió Homs, que ha añadido que desde el Gobierno catalán se propondrá un «frente en contra contundente y clarísimo», pidiendo a «todas las fuerzas políticas catalanas» que se opongan. El dirigente nacionalista instó a los partidos catalanes con representación en el Congreso, y «especialmente al PSC», por ser el partido que más diputados tiene en Madrid, a que se opongan a la reforma y la impidan «si está en sus manos».

Homs ha planteado esta propuesta de modificación como un atentado al autogobierno de Cataluña «que tanto ha costado conseguir en los últimos años» y por esto ha señalado que su defensa es «un valor compartido» entre todas las fuerzas políticas catalanas, que «tienen que abandonar discusiones partidarias para hacerle frente» a la enmienda.

El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, alertó de que el límite constitucional del déficit será «absolutamente estricto, rígido e inútil» si no incluye medidas de flexibilidad. «Mi grupo es tan favorable al equilibrio presupuestario como refractario a la idea de petrificar esa apuesta en una norma de rango constitucional que impide dotar a instituciones públicas de la flexibilidad necesaria para acomodar las previsiones a la evolución del ciclo económico», señaló.

El diputado de IU Gaspar Llamazares opinó que reformar la Constitución para limitar el déficit supondrá «la amputación del Estado del bienestar» y defendió que se trata de un asunto «lo bastante serio» como para ser sometido a referéndum. «Se convertiría «una Constitución de consenso en otra de derechas y ultraliberal que se carga el actual Estado del medio estar o bienestar», dijo. Y añadió el parlamentario: «No es aceptable que un Parlamento moribundo decida sobre algo tan importante».

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