Oviedo, J. CUARTAS
El Estado español (Administración central, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos) deben 679.778 millones de euros. Las familias españolas adeudan mucho más: 882.420 millones. Y los débitos de las empresas españolas se disparan hasta 1,29 billones. De manera que la deuda pública sólo representa el 23,8% de los 2,85 billones de deuda nacional (casi 3 veces el PIB del país). Cuando se acabe de reconducir el endeudamiento público español (0,67 billones), los españoles aún tendrán por delante el principal problema de la economía española: un endeudamiento privado desmedido que supera los 2,17 billones y que está lastrando la recuperación de la demanda interna.
El efecto más pernicioso de la controversia por el cambio constitucional para limitar el déficit público es que sigue contribuyendo a distorsionar la percepción del problema. Mientras los españoles debaten un día sí y otro también sobre una deuda estatal de 679.778 millones, los 2,08 billones que adeudan ciudadanos y empresas tal pareciera que no hubiera que pagarlos.
La deuda del Estado -pese al rápido crecimiento de los últimos tres años- supone hoy el 65% de PIB. Sigue siendo una de las más bajas de Europa: es 20 puntos inferior a la media de la deuda pública de la zona euro y del endeudamiento de Alemania y Francia y más de 40 puntos menor que la deuda de Italia, Reino Unido, Grecia y otros países. Por el contrario, la deuda privada española sí es muy superior al promedio europeo: supone el 217% del PIB, 47 puntos por encima del endeudamiento privado promedio de los países del área monetaria (170% del PIB).
Ésta ha sido desde el principio una crisis de deuda privada. No de deuda pública. La elevación de la deuda soberana en el mundo (50% de aumento desde 2008) fue (salvo en Grecia) la consecuencia y no la causa de la crisis. Los déficit públicos de estos cuatro años se produjeron por el brutal hundimiento de la recaudación tributaria a causa del desplome de la actividad privada y por el aumento simultáneo del gasto público debido a la elevación del paro y a las políticas anticíclicas y de estímulo pactadas en el G-20.
La deuda privada fue el desencadenante de la crisis (quiebra de las hipotecas «subprime» concedidas a familias insolventes) y sigue estando en la esencia de los principales desequilibrios que dificultan la recuperación: el desmedido apalancamiento de familias y empresas (que está frenando la inversión y el consumo), la asimetría entre países con un endeudamiento exterior desmedido (sobre todo, privado) frente a otros con superávits abultados; y la incapacidad de los estados para recobrar sus flujos recaudatorios mientras no se reactive la actividad privada.
El descomunal endeudamiento de los ciudadanos y las empresas españoles está castigando por ello a la solvencia del bono público, del mismo modo que los ataques a la deuda soberana acaban incidiendo en el coste del endeudamiento privado. Ambas deudas (la pública y la privada) están interconectadas por varías vías. Hay vasos comunicantes que explican el contagio entre una y otra.
