El Gobierno permitirá la dación en pago a familias sin ingresos

El Gobierno ha propuesto que las familias que se encuentran en el "umbral de la exclusión", que tengan a todos sus miembros en paro y hayan agotado su prestación por desempleo, puedan saldar su deuda con el banco entregando su vivienda, lo que se conoce como "dación en pago".

Además, el Ejecutivo español ha propuesto que las familias que se encuentren en la anterior situación también puedan salvarse del desahucio, mientras que se ha mostrado partidario de que se permita un periodo de carencia para que aquellas a las que se ha embargado el inmueble puedan seguir ocupándolo "un tiempo prudencial" de al menos dos años.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados un conjunto de medidas normativas para reducir el impacto de los desahucios en los colectivos con riesgo de exclusión social, que se completa con un código de buenas prácticas que adoptarán las entidades de forma voluntaria.

No obstante, el Gobierno propone un incentivo para las entidades, que sería la posibilidad de incluir como gasto fiscalmente deducible las pérdidas en que hubiesen incurrido por la dación en pago.

Dichas medidas normativas, que deberán ser analizadas con los sectores afectados, incluyen también la definición del colectivo que se incluye en el umbral de exclusión social, en el que se encuentran las familias con todos sus miembros en paro y cuya vivienda que sea objeto de ejecución sea la primera y única residencia.

Pese a ello, el ministro ha anunciado que se establecerán cautelas para evitar fraudes.

El ministro ha aprovechado una interpelación urgente de la Izquierda Plural para proponer también una mejora del mercado de ejecuciones hipotecarias que sea "ágil" y "transparente" mediante el fomento de las ejecuciones extrajudiciales, la creación de una base de datos informatizada de las ejecuciones y las subastas online.

Atenuación de intereses

Las propuestas también incluyen la atenuación de los intereses moratorios para las personas en el umbral de exclusión y que las entidades financieras cubran un determinado porcentaje de la diferencia entre el valor de tasación y el precio al que finalmente se ajusta en subasta.

Al respecto, el portavoz del PSOE en la Comisión de Economía del Congreso, Valeriano Gómez, ha asegurado hoy que estas medidas crean "falsas expectativas", ya que no obligan a las entidades financieras a acatarlas.

Además, las ha calificado de "inconvenientes" e "insuficientes" y ha pedido una legislación que obligue a la reestructuración de las condiciones del crédito durante el periodo de ejecución hipotecaria -en el caso de familias en desempleo-.

Por su parte, la banca española ha mostrado su compromiso para analizar conjuntamente con la Administración medidas que permitan mitigar la situación que padecen las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social, y así evitar llegar a la ejecución y el desahucio de la vivienda.

No obstante, según un portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), cualquier reforma del marco normativo "debe hacerse con mucho cuidado para no introducir distorsiones en un mercado hipotecario que ha funcionado históricamente bien y ha servido para financiar la vivienda a 85 % de las familias españolas".

Desde la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) también han compartido con el Gobierno el objetivo de solucionar el problema de los desahucios de personas en riesgo de exclusión, pero ha pedido eliminar los obstáculos para aplicar los planes específicos con los que ya cuentan las entidades para atender estas situaciones.

Opinión de los usuarios

En este sentido, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, ha agradecido que el Gobierno haya atendido "la alarma social" que habían generado los desahucios y los embargos hipotecarios, pero ha asegurado que las medidas "no serán efectivas", ya que su aplicación dependerá de las entidades.

La organización de consumidores FACUA ha calificado de "inaceptable" que en lugar de poner en marcha cambios regulatorios "de envergadura", el Gobierno anuncie "leves retoques y presente como medida estrella un código de buenas prácticas con el sector financiero, que no será de obligado cumplimiento".

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha considerado hoy que las medidas generan expectativas que no son ciertas y "falsean" la realidad.

Según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, hasta el tercer trimestre del año los desahucios se elevaban hasta los 42.879 y las ejecuciones hipotecarias hasta las 57.136.