13 de marzo de 2012
13.03.2012
40 Años
40 Años
 

La Administración debe más de 500 millones a las empresas asturianas, según FADE

La patronal exige el abono de la deuda sin quitas, mientras que Rajoy reconoce que «no se puede vivir en un país donde la gente no paga»

13.03.2012 | 01:00

Oviedo / Madrid,
M. M. / Agencias
La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) calcula que la deuda del conjunto de las administraciones públicas con empresas y autónomos asturianos supera los 500 millones de euros. Sólo el Principado había calculado una deuda de al menos 250 millones de euros. El presidente de la patronal asturiana calificó ayer de «muy buena noticia» la entrada en vigor del decreto ley que permitirá habilitar un préstamo sindicato de 35.000 millones de euros para que municipios y autonomías paguen sus deudas, aunque lamentó que dicha medida llegue «muy tarde». También reclamó que se elimine el criterio de la quita, por el que tendrá preferencia a la hora de cobrar quien perdone más deuda.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiso presentar ayer oficialmente el plan en una reunión en Moncloa con los principales proveedores nacionales que se beneficiarán de esta medida, aunque todavía no se ha concretado el sistema por el que se harán efectivos los créditos. Eso sí, ya se conocen algunas de las condiciones que se exigirá a quienes soliciten beneficiarse de dicho préstamo.

El plazo para que los ayuntamientos y las comunidades autónomas remitan al Gobierno central el listado de sus deudas y deudores finaliza mañana. Y el próximo día 30 cumple el período habilitado para que elaboren y presenten un plan de ajuste a diez años vista con el que afrontar el pago de sus facturas y sanear sus cuentas.

Los municipios asturianos que más adeudan a los proveedores son los 36 que tienen entre 2.000 y 20.000 habitantes, además del concejo de Mieres. Los planes de ajuste deberán ser aprobados por el Gobierno central, como condición indispensable para acceder al crédito que permita pagar las deudas. Pero hay más condiciones, quizás la más polémica es la que establece que el proveedor que primero cobrará no será el más antiguo, sino el que más deuda perdone y sólo teniendo en cuenta el capital principal. Es decir, se da por descontado que renunciará a cobrar los intereses, costas, y cualquier otro gasto.

Severino García Vigón, presidente de la patronal asturiana, calificó de «muy buena noticia» la convalidación del real decreto ley para el pago a los proveedores porque, «además, esta medida contribuirá a liberar fondos para el acceso al crédito por parte de las empresas, que hasta ahora competían en desigualdad de condiciones con las administraciones públicas por la financiación bancaria». Sin embargo, lamentó que esta medida se ponga en marcha «demasiado tarde para miles de empresas y autónomos. La morosidad de las administraciones públicas está detrás de la desaparición de la mitad de las más de 450.000 empresas que han cesado en España su actividad desde 2008».

El presidente de FADE indicó en un comunicado que, pese a la falta de datos definitivos, «la suma de deuda del conjunto de las administraciones públicas con las empresas y autónomos asturianos podría superar los 500 millones de euros». Y eso, añade, «pese a la existencia de la ley de Morosidad», que «se incumple con demasiada frecuencia». Vigón criticó que aún esté sin concretar el sistema por el que se harán efectivos los créditos, además del sistema de «quitas». «Dados los tiempos de demora para el pago, el criterio de la quita debe ser suprimido como elemento de preferencia».

Rajoy se mostró ayer confiado en que el crédito sindicado para afrontar las deudas pendientes de las administraciones públicas servirá para enviar a los emprendedores el mensaje de que el Gobierno se preocupa por su situación y confía en ellos para salir de la crisis.

El presidente del Gobierno aseguró que la situación que atraviesan los proveedores es «muy negativa» y muy «mala para la reputación del país». «No se puede vivir en un país donde la gente no paga», es «inaceptable». Rajoy remarcó que el mecanismo diseñado por el Ejecutivo para afrontar la deuda de las administraciones públicas «no tiene precedentes» y que se ha intentado hacer de forma que funcione «con rapidez y agilidad». Y es que, añadió, España atraviesa una situación «difícil», aunque el Gobierno tiene «la firme voluntad de abordar la crisis pese a que sea necesario tomar decisiones complicadas porque es «lo que necesita el país». «Lo peor que se puede hacer es no hacer nada, es lo que más daño hace al país», aseveró.

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