Repsol-YPF ¿jaque mate del gobierno argentino?

La empresa española Repsol ha sido víctima de una clásica política de algunos países latinoamericanos que venden empresas consideradas estratégicas para conseguir recursos y gestión eficiente pero cuando comienzan a ser rentables se nacionalizan de nuevo.

Repsol compra YPF en el año 1.999 por un importe de 16.000 millones de dólares pero más adelante se ve presionado por el gobierno argentino de turno a vender el 25,4% por 3.200 millones de dólares al Grupo argentino Petersen con la excusa de que un recurso estratégico no puede estar gestionado en su totalidad por manos extranjeras.

Aclaremos que el Grupo Petersen no tiene que poner ni un dólar por la compra de ese 25,4%, ya que 1.200 millones de dólares surgen de un préstamo bancario y 2.000 millones de dólares prestados por la misma Repsol, préstamos que Petersen no puede pagar porque el gobierno Argentino ha prohibido a YPF repartir dividendos. Es decir, en 1.999 el 25,4% de YPF valía 4.100 millones de dólares y años después cuando se vende a Petersen vale 3.200 millones de dólares.

La renacionalización de YPF se basan en los argumentos de que la compañía no ha realizado las inversiones necesarias para mantener la producción, acusación que se realiza curiosamente después que YPF descubra el que puede ser el mayor yacimiento de crudo del último siglo. El 7 de noviembre de 2011 Repsol anunció el mayor descubrimiento de petróleo de su historia al confirmar la existencia de una de las reservas petrolíferas más grandes del mundo denominado Vaca Muerta en la provincia argentina de Neuquén. Los resultados de la exploración en una área de 428 kilómetros cuadrados arrojaron unos recursos equivalentes recuperables de 927 millones de barriles de petróleo, volumen similar a las reservas total de YPF.

A partir de ese momento el Gobierno argentino llevó a cabo una estrategia de desgaste que incluyó acusaciones a YPF por inflar los precios y se le prohibió exportar crudo hasta que no saldara una deuda con el fisco, a lo que la petrolera accedió.

El día 1 de marzo en el discurso de Cristina Fernández de la apertura del curso parlamentario la decisión sobre la petrolera YPF era uno de los temas más esperados después de semanas de tensiones y de amenazas, se esperaba que la presidenta anunciara la nacionalización de la compañía pero no se pronunció al respecto. El día 2 de marzo sale a la luz que el Rey Juan Carlos intervino personalmente y fue lo que salvó a YPF de la nacionalización. El día 8 de marzo el Gobierno argentino vuelve a criticar a Repsol, esta vez por el balance anual de la compañía y la acusa de mentir. El 14 de marzo le son retiradas las licencias de explotación de cuatro yacimientos en la Patagonia argentina. El día 16 comienza un efecto dominó y dos nuevas provincias planean quitarle concesiones a la petrolera. El día 20 del mismo mes de marzo el ministro español de Energía y Turismo, José Manuel Soria promete defender los intereses de Repsol YPF en Argentina, este mismo día se sabe que la petrolera prepara una reunión clave para el conflicto con el Gobierno argentino, el día 23 del mismo mes la provincia argentina de Mendoza quita la licencia a YPF para operar en dos áreas de hidrocarburos en esa región del oeste del país y el 4 de abril la provincia argentina de Río Negro es la que retira también un área de exploración a YPF.

El 12 de abril el mismo ministro español de Energía y Turismo José Manuel Soria advierte a Argentina que la hostilidad contra nuestras empresas es contra España con lo que Cristina Fernández suspende la reunión con los gobernadores sobre YPF.

EL 16 de abril el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para "salvaguardar la soberanía hidrocarburífera de Argentina". El proyecto contempla como medida central la expropiación del 51% de las acciones de YPF. Este mismo día el consejero del Estado argentino en YPF, Roberto Baratta, llegó poco después del anuncio de expropiación realizado por Cristina Fernández a la sede de la filial de Repsol en Buenos Aires y ordenó la expulsión de todos los directivos españoles destinados a la compañía petrolera.

La justificación del Gobierno argentino a la expropiación es que el año pasado Argentina se vio obligada a importar combustibles por unos 10.397 millones de dólares, cifra que casi iguala al superávit comercial del país que el año pasado fue de unos 10.477 millones y que entre 1999 y 2011 YPF obtuvo ganancias netas por 16.450 millones de dólares, de los cuales repartió 13.246 millones entre sus accionistas.

El descubrimiento del inmenso yacimiento de crudo parece razón suficiente para que Argentina de este golpe de Estado empresarial. Sin embargo, como cualquier otra decisión fuera de la cortesía internacional, ello provocará una reacción de conflicto entre Argentina y España, y probablemente medidas conjuntas de los países de la Unión.

Verdades o no, con justificación o sin ella, lo cierto es que al igual que ya hicieran otros países latinoamericanos, Argentina despojó a una empresa española de un gran activo que traía muchos beneficios para los socios de Repsol-YPF. Habrá de ver como se resuelve internacionalmente semejante despropósito. En un mundo globalizado las nacionalizaciones de este tipo tienen consecuencias en la credibilidad de los inversores internacionales; ¿está realmente Respol en una situación de jaque mate?

Esperemos al próximo movimiento.

Luis Alberto Cabezas, iAhorro.com, comparador de ahorro