Oviedo, Marián MARTÍNEZ

El Gobierno eliminará 24 empresas públicas de las que algunas sólo tienen miembros en su consejo de administración pero no empleados o su plantilla se reduce a una o dos personas. El «Plan de reestructuración del sector público empresarial» supondrá la reducción de 154 miembros de consejos de administración en empresas estatales y un ahorro en sueldos y dietas de algo más de un millón de euros. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría eludió especificar el número de empleados públicos que se verán afectados por este ajuste y cuántos pueden ir al paro. En la lista de sociedades figuran, relacionadas con Asturias, «Avilés, Isla de la Innovación», EBHISA (El Musel, Gijón), Sociedad Altos Hornos Ensidesa Capital y Aguas de la Cuenca del Norte, S. A. (Acuanorte).

El plan aprobado ayer por el Consejo de Ministros afectará a un total de 80 sociedades mercantiles estatales (el 32% del total). En 45 de ellas el Estado ostenta la mayoría del capital (+50%) y en otras 35 tiene una participación minoritaria. La lista abarca las más variadas actividades, desde deportivas hasta industriales. Pero la Vicepresidenta hizo referencia expresa a «Carmen, la comida de España 1992», que se creó para impulsar la dieta española. «Para esto de las comidas... como que no estamos. Ya tenemos cocineros buenos...», añadió. También citó las sociedades «V Centenario» y «Barcelona Holding Olímpico», ambas constituidas en 1992 para la organización de dichos eventos.

El objetivo último del plan es, según Sáenz de Santamaría, «poner orden en casa». Añadió que éste «es el primer paso de otros que se darán a lo largo de la legislatura», y advirtió de que las comunidades autónomas tendrán que realizar un proceso similar al iniciado ayer por el Gobierno.

Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros se aplicarán en cuatro estadios distintos:

l Extinción. El plan contempla la extinción de 24 sociedades mercantiles estatales (el 17%), en las que la participación pública estatal es superior al 50%. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) y la Sociedad Estatal para la Venta de Acciones de Loterías y Apuestas del Estado (SEVALAE), que se mantenía viva pese a que se había abandonado su objetivo.

La lista incluye en este apartado la Sociedad Altos Hornos Ensidesa Capital -se constituyó para agrupar las deudas de la antigua siderurgia nacional- y Acuanorte, una empresa que se conformó por acuerdo del Consejo de Ministros en abril de 2010 -gobernaba el PSOE- mediante una fusión por absorción de Aguas de la Cuenca del Norte, S. A. por Aguas del Duero, S. A. (sociedad absorbente).

Acuanorte se convirtió en el brazo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la inversión y gestión de obras públicas hidráulicas de competencia estatal o para colaborar con los gobiernos autonómicos y municipales. Su ámbito de actuación se circunscribe a las Cuencas Hidrográficas del Duero, Cantábrico, Miño-Sil y las áreas internas de Galicia.

Las actuaciones desarrolladas por Acuanorte en Asturias fueron la mejora del abastecimiento de agua a la zona central de Asturias, en la ampliación y mejoras en estaciones de depuración de aguas residuales en San Claudio y Villapérez, en las obras para ampliar el abastecimiento de agua del occidente de la región a Luarca y en la mejora del abastecimiento de agua a los municipios costeros del extremo occidental del Principado.

l Desinversión. Se trata de ocho sociedades (el 6%) en las que el Estado participa en su capital. Es el caso de «Avilés, Isla de la Innovación», y EBHISA, en la que la Autoridad del Puerto de Gijón ya anunció que la abandonará «lo antes posible».

l Liquidación. Se agilizará la liquidación de 13 sociedades (el 9%). En este apartado figuran Izar, RNE y TVE, que ya se fusionaron hace años.

El plan del Gobierno contempla además la fusión o la extinción de nueve fundaciones.

El acuerdo del Consejo de Ministros establece que las sociedades afectadas «deberán aprobar un plan de redimensionamiento» para adecuarse a la nueva situación, pero matiza que «en ningún caso puede haber incremento alguno de la masa salarial». La coordinación la ejecutarán los ministerios a los que pertenecen.

El Gobierno también aprobó ayer ampliar y reforzar cinco líneas de Instituto de Crédito Oficial (ICO) dirigidas a pymes y autónomos que llegarán a financiar un total de 22.000 millones de euros.