Los compradores de deuda subordinada de Cajastur plantean pedir su nulidad

«Desbordados». Así decían sentirse ayer los técnicos de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) durante la asamblea que convocaron sobre la emisión de deuda subordinada por Cajastur, ahora Liberbank. Celebraron varias sesiones, llenando salas del centro municipal gijonés de El Coto, cuyos trabajadores cifraron la asistencia en cuatrocientas personas. Allí informaron del canje que plantea ahora Liberbank de la deuda que adquirieron y se acercaron posturas de cara a ejercer, tras estudiar su viabilidad, una demanda colectiva exigiendo «la nulidad del producto», que, según entienden, «Cajastur vendió como si fuera un depósito a plazo fijo siendo en realidad un producto tóxico, de riesgo, que cotiza en el mercado secundario».

Cajastur emitió a sus clientes 200 millones de euros de deuda subordinada con vencimiento en 2019, por lo que se cuentan por miles los tenedores de la misma, algunos de ellos trabajadores de la entidad. El 26 de marzo es el plazo límite para que contesten a Liberbank si aceptan una de las dos opciones de canje que les ofrece: bien la conversión total de la deuda adquirida en acciones de Liberbank o bien en un combinado consistente en el 20% en acciones y en el 80% en convertibles contingentes, que vencerían en 2018 y con un interés del 7% de remuneración anual. Si no aceptan, será el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) el que les obligue al canje, «igual en condiciones más desfavorables», lamentan los afectados. Entre ellos, no hay unanimidad sobre si aceptarán o no el canje de Cajastur. «Pero si lo aceptáis, dejad constancia de que lo hacéis forzados para luego ejercer acciones conjuntas», les recomendaron.

Se manifestarán el jueves (12.00 horas) en la Escandalera (Oviedo) y el viernes (12.00 horas) en la plaza del Carmen (Gijón). «Es una vergüenza que todavía tengamos que explicarles a los tenedores del producto qué fue lo que adquirieron y que Liberbank llame para ofrecerles el canje y siga sin explicárselo», lamenta María Prado, técnica delegada de Adicae, que estudiará la viabilidad de demandas colectivas.