El gobierno de España y los ejecutivos autónomos de Asturias, Euskadi y Galicia, además de la patronal de los astilleros privados (Pymar), acordaron ayer redoblar sus presiones a las instituciones europeas para conseguir que se anule la devolución de las ayudas obtenidas por el sector de construcción naval español a través de la figura del «tax lease».
El ministro de Industria, José Manuel Soria, se reunió en Madrid con los presidentes de Asturias, Javier Fernández; País Vasco, Iñigo Urkullu, y Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y con el presidente de Pymar, el empresario asturiano Álvaro Platero, para pactar una postura común frente a las pretensiones del comisario europeo de la competencia, Joaquín Almunia, de que la Comisión Europea obligue el día 17 a la devolución de las ayudas de 2.000 millones con las que el Gobierno de España dotó al sector entre 2005 y 2011.
El primer objetivo de los cuatro Gobiernos (dos del PP, uno del PSOE y otro del PNV) es reunirse con el comisario Almunia antes de este jueves para pedirle que reconsidere su postura. El Ministerio de Industria se puso ayer por la tarde en contacto con la oficina de Almunia para cuadrar agendas. Al encuentro asistirán el ministro, el lehendakari vasco, el presidente Feijóo y un representante del Principado. Javier Fernández no podrá asistir porque estará de viaje en Argelia.
Las autoridades españolas tratarán de convocar otra reunión al mismo nivel con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, antes del día 17, que es cuando Almunia deberá elevar a la Comisión su propuesta final sobre las ayudas.
Los argumentos que manejarán las instituciones españolas ante las europeas son triples: esgrimirán informe jurídicos basados en la confianza de la legalidad de las ayudas, sostendrán la necesidad de la seguridad jurídica necesaria para que se realicen futuras inversiones y recurrirán a la comparativa con situaciones similares que se dieron en Francia en 2005, cuando la Comisión no obligó a los astilleros galos a devolver unas ayudas similares al «tax lease» español declaradas igualmente ilegales. Ayer, Almunia negó que España esté siendo objeto de un trato diferente al que recibió Francia.
Soria, arropado por los presidentes autonómicos en una comparecencia al término de la reunión, afirmó que «la devolución de ayudas tendría un efecto económico irreparable e irreversible».
Además de los argumentos jurídicos, España jugará la baza, según explicó el ministro, de que «en el últimos consejos europeos el crecimiento económico, la reindustrialización y del empleo fueron planteados como objetivos centrales de la política económica europea». «No parece racional», dijo, «que con estos objetivos se adopten decisiones que van justo en sentido opuesto». Soria fue más lejos y auguró que la devolución con carácter retrospectivo de incentivos fiscales como los del «tax lease» causaría «que otras actividades industriales reguladas y que tienen sistemas de desgravación fiscal sufrieran un proceso de deslocalización europea en favor de países terceros» por miedo a desenlaces similares.
Javier Fernández, que también predijo «el colapso de los astilleros privados» de prosperar el planteamiento de Almunia, propuso que, además de las reuniones con Almunia y Durão Barroso, el Gobierno de España acuda al Tribunal de Justicia Europeo aun cuando, matizó, «no solucionaría el problema inmediato porque conllevaría una dilación y para entonces ya habrían quebrado los astilleros».
Fernández sostuvo que «la consideración de ayudas del Estado del anterior sistema de 'tax lease' sería un golpe lesivo e inaceptable para la viabilidad futura de las empresas» y más «en un momento tan extraordinariamente difícil como el actual». «Hay argumentos jurídicos suficientes para reconsiderar esa posición tan lesiva. Si no se hace, habrá que llegar hasta el propio Colegio de Comisarios».
El lehendakari Urkullu se confesó «sorprendido por el planteamiento de Almunia» y afirmó que "no podemos aceptarlo por razones jurídicas y porque la UE no puede abogar por la defensa y promoción del empleo y simultáneamente abocar al cierre a un sector».
El presidente gallego, Núñez Feijóo, sostuvo que las ayudas que deberían devolverse no proceden de fondos europeos, sino que «es una bonificación de España a la construcción de barcos amparada en el ordenamiento tributario español». Feijóo sostuvo que «ya han sido suficiente castigo los dos años de indefinición europea sobre este asunto, lo que ha perjudicado al sector».
Álvaro Platero, presidente de Pymar y de Astilleros Gondán, sostuvo que el sector «siempre actuó de acuerdo con la legislación española porque la construcción de cada barco está amparada por un expediente individual que refrenda el «tax lease».
Frente común en defensa de la construcción de buques
El Ministerio de Industria y las comunidades de Asturias, Galicia y País Vasco escenificaron ayer un frente común en defensa de los astilleros frente a la propuesta de la UE de forzar la devolución por navieras y armadores de las ayudas del «tax lease», lo que, según España, supondría el cierre de la actividad. En la fotografía, por la izquierda, el presidente del País Vasco, Iñigo Urkullu (PNV); el ministro de Industria, José Manuel Soria (PP), y los presidentes de Asturias, Javier Fernández (PSOE), y Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP).
