El llamado déficit de tarifa -que este año va a llegar a la cifra de 29.000 millones de euros- es la diferencia entre los costes en los que incurre el sector por decisiones políticas del regulador y los ingresos que recibe a través de la tarifa para cubrir esos costes que no derivan de la producción de energía.
Ese déficit se fue generando desde 2000 cuando, para contener la inflación, el Gobierno de Aznar (PP) creó el concepto por el cual las eléctricas renunciaban a repercutir en el recibo de sus clientes la totalidad de los costes que el Gobierno les transfería por decisiones regulatorias, y que van de las subvenciones al suministro extrapeninsular a la protección al carbón nacional, entre otros fines. Esa diferencia se financió, pero ha acabado pesando como una losa porque se titulizó con aval público, por lo que es una deuda reconocida por el Estado.
El llamado recibo de la luz tiene dos tramos: uno cubre los costes y beneficios de las eléctricas (se determina mediante subastas trimestrales) y la otra mitad la fija el Gobierno para remunerar los llamados peajes o costes impuestos por la regulación. Cuando el precio que fija el Gobierno sobre esta parte del recibo es inferior a los costes que emanan de sus decisiones sobre el sector se genera el déficit tarifario.
Las grandes compañías eléctricas tradicionales sostienen que ese déficit se disparó aún más a resultas de la política del Gobierno de Zapatero (PSOE) de primar el fomento y desarrollo de fuentes energéticas inmaduras como la fotovoltaica.
En esta modalidad de generación -que pretende explotar una de las escasas fuentes autóctonas españolas de energía: la solar- se implantaron inversores nacionales e internacionales ajenos por lo común al sector mientras que las cinco grandes eléctricas generan energía de origen sobre todo térmico (carbón y gas), hidráulico, nuclear y eólico.
Los defensores de la energía fotovoltaica replican que el sector llevaba años generando déficit de tarifa con anterioridad a que se primasen estas instalaciones -como también se hizo con las eólicas- y que ha seguido haciéndolo después de que el actual Gobierno recortase esos incentivos -considerados excesivos- a los huertos solares, lo que dio lugar a su vez a una disputa sobre la inseguridad jurídica de un país que modifica las reglas una vez que se han hecho inversiones de acuerdo con unas condiciones que "a posteriori" son rebajadas de modo unilateral. Esta controversia también generó tensiones entre los ministros de Industria y de Hacienda.
La actual polémica sobre la espiral de precios que el Gobierno trata ahora de atajar con una intervención pura y dura en el mercado procede de otro vaivén político. El ministro de Industria, José Manuel Soria, aprobó en julio una reforma energética y aseguró que con ella este año ya no se generaría déficit de tarifa e incluso que habría un superávit de 16 millones. La primera rectificación se produjo en octubre. Entonces Soria admitió que en 2013 sí habría déficit: 3.000 millones. El 11 de noviembre volvió a desdecirse y aseguró que este año habrá equilibrio.
Pero la gran rectificación llegó el 1 de diciembre, cuando el Gobierno reformó la reforma de Soria, que apenas llevaba cinco meses de existencia. La reforma de julio no había contentado a nadie: ni a parte del Gobierno, ni a las eléctricas, ni a los consumidores ni a la oposición. La reforma de julio pretendía que el déficit de tarifa tendría que ser asumido por el Estado, las eléctricas y los usuarios. Pero a cinco semanas del fin del ejercicio, y a la vista de que tampoco este año el Gobierno iba a poder cumplir su compromiso de control del déficit público, el Ejecutivo decidió el pasado día 1 no desembolsar su parte: 3.600 millones. Esto disparó las alarmas en el sector. Y además acentuó la percepción del riesgo-país por la inseguridad jurídica de operar en un mercado (España) en el que las reglas se cambian sobre la marcha.
Hay quien ve en la subasta de anteayer para la fijación de precios para el próximo trimestre (en la que se determinó una subida del 25,6% sobre la mitad no regulada de la tarifa) un pulso de las eléctricas al Gobierno, pero en la puja intervienen entidades financieras y de "trading" y sólo alguna generadora, por lo que es muy difícil -se afirma- manipularla. Por ello hay quien interpreta la espectacular subida de la electricidad como un intento de los inversores de protegerse de futuros costes imprevisibles por los cambiantes criterios regulatorios del Gobierno.
