El poder de mercado de las compañías eléctricas, una regulación que las favorece frente a los consumidores, un sistema de subastas para la fijación de precios que remunera a toda la energía al precio de la más cara, un mercado de derechos de emisión de carbono que permite compensar su coste en el precio de la electricidad a plantas de generación que no incurren en el gasto de adquirirlos y una "reciente reforma del sector eléctrico español que no hace nada por mejorar el funcionamiento de su mercado" han llevado a España a convertirse en "uno de los países en los que los hogares pagan la electricidad más cara de Europa" (y el de mayor carestía, de contabilizarse el llamado déficit de tarifa: 30.000 millones de deuda reconocida a las empresas) y en el que la "gran industria amenaza con irse" -caso de Asturias- por los elevados precios energéticos. Lo sostuvo ayer en Oviedo la doctora en Economía y profesora de la Universidad Carlos III, de Madrid, Natalia Fabra, tras recibir el XIII premio Sabadell-Herrero a la investigación económica.
Fabra (Madrid, 1975) sostuvo que "el poder de mercado en el sector eléctrico" está determinado por la existencia de "pocas empresas, viejas conocidas entre sí, protegidas por elevadas barreras de entrada, con aprovechamientos hidroeléctricos al amparo de opacas concesiones administrativas" y que producen "un bien esencial cuya demanda es poco sensible al precio" y que "tiene una importancia sistémica en la economía", por lo que "contagia al resto de los sectores".
"El poder de mercado en el sector eléctrico encarece la electricidad, detrae recursos de las familias, merma la competitividad de las empresas y condiciona así su capacidad para crecer, para exportar y para crear empleo", afirmó Fabra.
Fabra combatió el pretendido antagonismo entre liberalización y regulación ("una disyuntiva falsa", dijo), y planteó, a la inversa, que ambas son realidades que se precisan de forma recíproca: "Hay que liberalizar más pero por ello hay que regular mejor. Y cuanto más se liberaliza, más importancia adquiere la política de defensa de la competencia para evitar que unas pocas empresas puedan utilizar el mercado en su propio beneficio y en contra del interés general", expuso Fabra, de quien su maestro y hoy colega Massimo Motta, economista jefe de Competencia de la Comisión Europea y profesor universitario, destacó la excelencia académica e investigadora.
Fabra discrepó de la fusión de todos los órganos reguladores en la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y defendió el modelo vigente hasta 2012, con órganos reguladores específicos y especializados. "El crecimiento de los países está condicionado por la calidad de sus instituciones", argumentó, y la Defensa de la Competencia precisa, señaló, "expertos" en las materias sobre las que deciden, con "criterio propio" e independientes del Gobierno y "sobre todo de las empresas reguladas".
La economista madrileña, investigadora asociada en el Centre for Economic Policy Reserach, mantuvo la tesis de que "el cambio climático no es una creencia religiosa", sino "un hecho científico cuyas peores previsiones se están confirmando, de forma acelerada" y que "se está traduciendo en altos costes ambientales, que son también costes para la economía, el progreso y el bienestar".
Y aquí los economistas (hoy "vistos con cierto recelo") tienen, afirmó, una elevada contribución que hacer: "La investigación económica es fundamental para contribuir a que los ciudadanos vivamos mejor", opinó.
