Competencia multa con 22 millones a Clas por pactar con otros grupos precios al ganadero

Clas fue sancionada con 698.477 euros y su subsidiaria Capsa (Corporación Alimentaria Peñasanta), con 21,8 millones. Ambas empresas, integrantes del mayor grupo cooperativo asturiano, expresaron, en sendos pronunciamientos lacónicos, su "total desacuerdo" con la multa y anunciaron que recurrirán la decisión por vía judicial.

Las dos sanciones al grupo Clas, que suman 22,49 millones, representan el 25,5% del total de las multas impuestas en esta investigación, que comenzó a instruirse en julio de 2012.

Junto con las dos compañías asturianas también fueron multadas por participar en la misma estrategia de supuesto control del mercado Danone (una de cuyas fábricas está en Salas), con 23,2 millones; Grupo Lactalis, con 11,6 ; Nestlé España (una de cuyas factorías lácteas está en Sevares, Piloña), con 10,6 millones; Puleva (hoy propiedad del grupo francés Lactalis), con 10,2; Pascual, con 8,5; Senoble, con 929.644 euros; el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña, con 200.00 euros; la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia, con 100.000, y Central Lechera de Galicia, con 53.310.

La multinacional asturiana Industrias Lácteas Asturianas (Ilas), fabricante de la marca Reny Picot, y dos de cuyas factorías están en Anleo y Siero, que también fue investigada, resultó eximida por considerar el organismo regulador de la libre competencia que sus prácticas anti-mercado han prescrito. Por la misma razón, la CNMC también exoneró a las compañías gallegas Grupo Leche Río, Feiraco Lácteos y Leche Celta y a Forlactaria Operadores Lecheros, participada por Forlasa y Arias (grupo Bongrain), al considerar que sus infracciones también han prescrito.

La sanción no es recurrible por vía administrativa pero sí, en el plazo de dos meses, mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, que es la vía a la que, según anunciaron ayer, se acogerán Clas y Capsa.

De convertirse en firmes ambas sanciones, el importe impuesto impactará en la situación económica de ambas sociedades. La multa a Capsa (21,8 millones, la segunda más alta tras la recibida por la filial española de la multinacional francesa Danone) representa el 3% de la facturación anual de Corporación Alimentaria Peñasanta (en torno a 700 millones en 2014, a falta de que se hagan públicas las cifras oficiales del ejercicio) y equivale a 6,2 veces el beneficio que obtuvo la compañía en 2013 (3,5 millones), último dato difundido.

CAPSA está dominada por Clas (posee el 56,39% de sus acciones) y en su capital también participan Bongrain (27,0%), Liberbank (10,90%) y Caja Rural de Asturias (5,0%).

En el caso de la sociedad agraria de transformación Central Lechera Asturiana (Clas), una organización integrada por 6.350 ganaderos asturianos (de los que 1.370 producen leche y 5.080 ya no son productores), la penalización (698.477 euros) supone el 0,54% de su volumen de negocio (unos 130 millones) y el 53,7% del beneficio de esta sociedad de espíritu cooperativo, que en 2013 (último ejercicio con cuentas aprobadas) ganó 1,3 millones.

Capsa, que es una sociedad anónima, fue objeto de la investigación desde que se abrió el expediente, en julio de 2012. Su matriz, Clas, fue incorporada casi dos años más tarde, en marzo de 2014. Esto creó extrañeza entre los ganaderos, dado que Clas sólo compra leche a sus socios y dueños y no a otros productores, lo que sí hace Capsa, con fábricas en Asturias, Galicia, Madrid y Cataluña.

El expediente sancionador se puso en marcha a raíz de un estudio sobre el sector lácteo que fue remitido a la entonces Comisión Nacional de la Competencia por el Servicio para la Defensa de la Competencia de la comunidad autónoma de Castilla y León, que denunció posibles prácticas restrictivas de la competencia en el aprovisionamiento de leche cruda de vaca por parte de las grandes industrias transformadoras, y a resultas a su vez de una denuncia cursada en similar sentido por la Unión de Pequeños Agricultores, (UPA) contra la industria de transformación de la leche.

Tras casi tres años de investigaciones e inspecciones, con visitas a las sedes de algunas compañías, el organismo regulador ha determinado ahora que las empresas sancionadas -y las que fueron eximidas por considerarse que en su caso los hechos denunciados ya han prescrito- incurrieron en conductas prohibidas.

La CNMC acusa a las industrias ahora castigadas de haberse intercambiado "información, a nivel nacional y regional, sobre precios de compra de leche de vaca cruda, volúmenes de compra a ganaderos y excedentes de leche" con la finalidad de "controlar el mercado de aprovisionamiento" y concertar precios en contra de los intereses de los productores en origen. La resolución sancionador asegura que "las empresas transformadoras dialogaron e intercambiaron información sobre los precios de compra que ofrecían las empresas transformadoras a sus ganaderos, lo que iban a ofrecer en un futuro, la identidad de los ganaderos y los volúmenes adquiridos a éstos e identidad de los ganaderos que tenían intención de cambiar" de empresa transformadora "y posibles medidas para evitarlo".

Según Competencia, esta información permitía a las empresas pactar precios y con ello reducir la remuneración al ganadero, distorsionando el mercado y restringiendo la libre competencia de oferta y demanda. Lo mismo ocurría, según la CNMC, en el control de los excedentes y su transformación en leche en polvo.

Las empresas lácteas llevan años quejándose de la gran presión bajista de los precios que sufren a causa del enorme poder de mercado de las grandes cadenas de distribución al ser éste un sector mucho más concentrado que el de la atomizada industria láctea.