24 de mayo de 2015
24.05.2015

La nueva ley de Hidrocarburos, que favorece el fracking, entra en vigor

Los dueños de suelos situados junto al pozo recibirán el 1% del valor de la producción

24.05.2015 | 01:53

La nueva ley de Hidrocarburos entró ayer en vigor con novedades que van desde las nuevas limitaciones a los operadores petrolíferos en el negocio de las gasolineras hasta el impulso al fracking, pasando por la creación del nuevo mercado ibérico del gas.

Límites a las petroleras. Una de las iniciativas estrella de la norma, incluida durante el trámite parlamentario, es la que limita a un 30% en cada provincia el volumen de carburantes que podrá vender un solo operador, con lo que el Gobierno ahonda en unas medidas para mejorar la competencia que ya habían limitado al 30% el número de gasolineras por provincia de una misma empresa. Esta limitación, que entrará en vigor el 1 de julio de 2016, tiene como objetivo evitar que los operadores mayoristas reorganicen su red deshaciéndose de instalaciones de su propiedad y adquiriendo otras de manera que, sin incrementar el número de estaciones que controlan, puedan ampliar sustancialmente su cuota de mercado.

Operador único de gas. La nueva ley de Hidrocarburos también crea el nuevo operador único del mercado organizado del gas, que será el encargado de gestionar el llamado "hub" gasista, una plataforma de compraventa destinada a mejorar los intercambios y los precios de este producto.

El fracking. Otra de las principales novedades es el impulso a la extracción de hidrocarburos no convencionales de gas y petróleo mediante la técnica de fracking, con incentivos económicos para los municipios donde se desarrolle esta actividad. La norma crea el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados, que establece un gravamen de entre el 1% y el 4% sobre la producción de gas no convencional. Además, fija un canon de 125.000 euros que se abonará por cada sondeo de exploración y cada pozo de producción en tierra. La ley establece que las cantidades recaudadas deberán revertir con especial intensidad en las comunidades autónomas y en los municipios donde se ubiquen los pozos. Además, las empresas propietarias de las explotaciones deberán abonar el 1% del valor de la producción a los propietarios de los terrenos situados alrededor los pozos, aunque se destinen a otra actividad.

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