Los hogares españoles pagan el cuatro precio más caro de Europa por la electricidad (el segundo si se consideran sólo los principales países) y además lo hacen con un recibo poco transparente, prácticamente incomprensible, como ha hecho notar últimamente José María Marín, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), el organismo encargado de supervisar todo lo que está detrás de la factura. De lo que paga un hogar cada dos meses sale el dinero para retribuir la producción de electricidad y su transporte y distribución hasta la casa, pero también una cuenta pendiente porque la central nuclear de Lemóniz nunca llegó a funcionar o el kilovatio a precio de oro que genera una central solar de Argamasilla de Alba, por citar dos ejemplos invocados también por Marín al mencionar cosas que, según su criterio, quizás no debieran estar en el recibo.
Más del 60% de lo que los españoles pagan por la luz está formado por impuestos, subvenciones y cargas financieras del pasado, con frecuencia derivadas de errores de planificación o de concesiones arrancadas por las empresas a la Administración. Una cosa es el recibo que llega al consumidor y los conceptos que allí aparecen (término de potencia, término de energía, alquiler de contador e impuestos) y otra a dónde va cada euro de la factura.
Un primer reparto elemental es el siguiente para un gasto medio anual de 1.000 euros en luz: 287 se dedican a pagar la energía, 214 a impuestos y los 499 restantes a un cajón de sastre denominado "peajes", costes que fija la Administración y que comprenden desde la retribución a la empresa que transporta la luz en alta tensión al pago de una parte de las nóminas de la propia CNMC.
La energía y el mercado. Aunque las cuentas varían según quien las eche, puede decirse que el coste ordinario de la generación de energía supone algo menos de un tercio del recibo de la luz. Es el dinero con el que se paga a las empresas eléctricas por los kilovatios generados en centrales hidráulicas, nucleares y térmicas, así como una parte de la retribución que por sus producciones obtienen las instalaciones de energías renovables (parques eólicos, centrales minihidráulicas, plantas termosolares y fotovoltaicas) y otras que tienen asimismo un tratamiento especial (cogeneración, combustión de residuos...). Toda la energía pasa por un mercado mayorista donde a diario se casan la oferta y la demanda en una especie de puja. Su funcionamiento ha estado a menudo bajo sospecha de manipulación por la gran capacidad de influir en los precios de las principales eléctricas.
Muchas primas. Se estima que los incentivos (primas) que por cada kilovatio producido reciben las tecnologías renovables y otras subvencionadas representan entre 17% y el 20% de la factura. España ha impulsado el uso de las energías verdes a base de primas directas a la producción. El magno desarrollo primero de los parques eólicos y después de las plantas solares, protagonistas de una burbuja especulativa en los años previos a la crisis, disparó el coste de las primas. El actual Gobierno recortó la retribución de todas las tecnologías, pero el coste de estas subvenciones ascendió en 2014 a casi 7.000 millones.
Hay más subvenciones. Aunque se tiende a señalar a las energías renovables como las únicas subvencionadas, la estructura de la tarifa eléctrica incluye otros pagos que pueden tener una consideración semejante. Las centrales térmicas de gas y de carbón, y antes también las nucleares e hidráulicas, reciben, durante años y aunque no produzcan nada, los llamados "pagos por capacidad". El gasto de 2014 rondó los 600 millones de euros y comprende incentivos a la disponibilidad (un dinero por tener las centrales disponibles para producir si el sistema lo requiere) e incentivos a la inversión (por haber construido o modernizado una central, por ejemplo). Este capítulo incluye también la prima que reciben las térmicas por quemar el carbón nacional, mecanismo que a la postre sostiene lo que queda de la minería del carbón. Los pagos por capacidad están aliviando las pérdidas de decenas de centrales de ciclo combinado (gas natural) que promovieron las grandes eléctricas y que están sin uso por la caída de la demanda y el protagonismo de las energías renovables en el mercado. Más subvenciones: se pagan a Endesa casi 1.800 millones al año (la mitad con cargo a la tarifa y la mitad a cuenta del erario público) por los costes extra que se atribuyen a la prestación del servicio eléctrico en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Y a través del llamado servicio de interrumpibilidad se subvenciona con 550 millones la factura eléctrica de las industrias más intensivas en consumo, entre ellas varias asturianas.
Transporte y distribución. Las redes de transporte en alta tensión y las de distribución son monopolios naturales, sin competencia entre empresas. Estas actividades se llevan unos 6.600 millones al año y algo más del 15% de lo que paga un hogar por la luz.
La gran deuda. El sistema eléctrico español arrastra una deuda con las grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural-Fenosa, EDP-HC y E.On) cercana a los 30.000 millones de euros. Ese descomunal déficit, acumulado desde 2002 y cuyo aumento se ha frenado mediante subidas a los consumidores y ajustes en las retribuciones a las empresas, se financia con cargo a la factura. Los pagos correspondientes al último año supusieron 2.900 millones y por encima del 8% del recibo de un hogar medio.
La herencia nuclear. A estas alturas, los consumidores españoles aún están pagando en el recibo de la luz costes asociados a la moratoria nuclear, la paralización a partir de 1983, tras la llegada de Felipe González al Gobierno, de grupos atómicos en construcción o en proyecto. Razones políticas y económicas motivaron aquella decisión, que llevó aparejado el pago de compensaciones a las eléctricas que se liquidaron a partir de 1996. La moratoria ha costado más de 5.700 millones y supone en torno al 0,9% del recibo. Este año se completarán los pagos con 66,7 millones.
Impuesto sobre impuesto. La fiscalidad se lleva uno de cada cinco euros del recibo de la luz, gravada por dos tributos: el impuesto especial sobre la electricidad y el IVA. El primero equivale a un 4% y se aplica en la factura sobre el término de potencia (la potencia contratada) y el término de energía (la energía consumida). Una vez añadido el tributo se suma el alquiler de contador y todo ello se grava a continuación con el IVA (el 21%, cuando la media europea está en el 18%). Esto es, en el recibo se llega a cobrar un impuesto, el IVA, sobre otro impuesto, el de la electricidad.
