La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) quiere indagar en los fondos públicos recibidos por UGT en Asturias desde el año 2005, para verificar cómo se justificaron los gastos y si se produjo el desvío de dinero de subvenciones concedidas para cursos de formación a la financiación anómala de la estructura del sindicato.
Según fuentes conocedoras del proceso, el fiscal que realiza las pesquisas, Gabriel Bernal, ha solicitado al Principado documentación relativa a los fondos que, a través de la Administración asturiana y financiados por ella misma o por otras instancias públicas, fueron adjudicados a UGT de Asturias para la formación de desempleados y trabajadores en activo. La petición se refiere a las subvenciones recibidas por el sindicato desde 2005 a la actualidad, período en el que UGT, bien directamente o a través de la fundación Ifes (Instituto de Formación y Estudios Sociales), organizó centenares de cursos y manejó fuertes cantidades en ayudas, como ocurrió con el resto de los agentes sociales. En uno de los últimos repartos, las destinadas en 2014 a los llamados "planes intersectoriales" para trabajadores ocupados, UGT obtuvo la concesión de 786.664 euros. Un año antes, la cantidad correspondiente a ese mismo programa fue de 1,2 millones.
A partir de una investigación previa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, basada en parte en testimonios de antiguos trabajadores y dirigentes del sindicato, la Fiscalía intenta determinar si se produjo un uso ilícito de subvenciones finalistas (otorgadas para un fin específico, la organización de cursos formativos). Se sospecha de la utilización de sociedades mercantiles vinculadas al sindicato para inflar facturas y derivar dinero público a cubrir costes generales de UGT, ajenos a la formación.
La investigación comenzó en Andalucía, a raíz de unas indagaciones dirigidas por la jueza Mercedes Alaya, y se extendió a otras comunidades. Según recogió ayer "El Mundo", la Fiscalía Anticorrupción está coordinando otras actuaciones sobre UGT en el País Vasco, Baleares, Extremadura y Galicia. En Asturias, el fiscal tiene seis meses más para completar sus pesquisas. Gabriel Bernal había pedido a la Fiscalía General una aclaración sobre los plazos de que dispone para su investigación, formalmente en marcha desde fines de 2014. Las indagaciones ordinarias tienen como norma general una duración de seis meses y, si no se obtienen indicios de conducta reprochable, deben ser archivadas. El plazo es de un año cuando los procesos están relacionados con la corrupción, tiempo que finalmente tiene asignado Bernal.
El secretario confederal de UGT, Cándido Méndez, defendió ayer que los cursos del sindicato se organizan respetando "escrupulosamente" las normas autonómicas y estatales. Un portavoz del sindicato en Asturias insistió en que la formación organizada por UGT ha pasado "todos los controles" de la Administración. Esa misma fuente criticó que se someta al sindicato a "una causa general" y que en cambio no se investigue a otras entidades que también gestionan subvenciones para formación.
