Del 2,8% del PIB de déficit público previsto en los objetivos de estabilidad de España para 2016, el Gobierno central se reservó ayer para sí el 78,57% de ese margen de gasto superior a los ingresos (podrá incurrir en un déficit presupuestario del 2,2% del PIB), mientras que las comunidades autónomas tendrán que repartirse, de forma homogénea, el 10,71% de la desviación presupuestaria tolerada a España por la UE (0,3% del PIB) y la Seguridad Social, otro tanto (también el 0,3% del PIB).

Asturias y otras nuevas comunidades autónomas (Cataluña, Andalucía, Canarias, Cantabria, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y País Vasco) votaron en contra de ese diseño en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), reunido ayer en Madrid. La decisión se impuso con el apoyo de las regiones gobernadas por el PP (Castilla y León no estuvo presente en el momento de la votación) y el voto de calidad del Ministerio de Hacienda. Para 2017, el objetivo de déficit para las regiones será del 0,1% del PIB y para 2018 se les exigirá equilibrio presupuestario.

Dolores Carcedo, consejera de Hacienda y y Sector Público de Asturias, calificó anoche los objetivos de consolidación fiscal para las autonomías de "muy restrictivos, irreales, desiguales e injustos", y reprochó que "limitan la capacidad" de actuación tanto para sostener los servicios público esenciales (que costean en buena medida las regiones) como para practicar políticas de estímulo que permitan, dijo, respaldar la recuperación económica.

La batalla crucial de las regiones disidentes fue el llamado "reparto vertical" del déficit: es decir, cómo se distribuye entre los distintos niveles de la Administración la exigencia de reducción del descubierto presupuestario español que impone la UE.

Asturias y los demás gobiernos regionales discrepantes plantearon que se encargase a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) un informe ponderado y argumentado de cómo repartir entre la administración central, la autonómica y la Seguridad Social el margen de déficit del 2,8% que la UE permitirá a España en 2016 y, por lo tanto, el esfuerzo de ajuste. Pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo vetó.

Carcedo expresó su disconformidad: "El reparto del déficit entre los distintos niveles de la administración no se corresponde con la estructura del gasto público al que tienen que hacer frente cada uno de ellos". Carcedo afeó a su vez que el Gobierno central, además de impedir la consulta a AIREF, tampoco haya accedido a explicar en virtud de qué criterios impuso el reparto decidido ayer.

El rechazo conceptual al modelo de partida es lo que llevó a Asturias y a otras nueve regiones a votar que no. A partir de esa discrepancia Asturias ya no entró a considerar otros aspectos, como que el reparto del déficit permitido sea homogéneo para todas las regiones. Se sabe que Asturias está a favor de este criterio igualitario porque en 2013 censuró que a las autonomías más incumplidoras se les hubiese dado mayor margen de déficit, compensándolo con una exigencia más estricta a las más eficientes.