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Hacienda extiende a 19 concejos más el rastreo de inmuebles que no pagan IBI

El Catastro reactiva el proceso para localizar desde el aire y sobre el terreno propiedades o reformas no declaradas

Hacienda extiende a 19 concejos más el rastreo de inmuebles que no pagan IBI

Hacienda vuelve a la carga con la regularización catastral en Asturias. Un total de 19 concejos de la región serán rastreados meticulosamente durante un año en busca de construcciones o elementos de construcciones que no hayan sido declarados por sus propietarios a efectos del pago del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Es una nueva fase de un plan emprendido por el Gobierno central a partir de 2013 para actualizar el Catastro, destapar las situaciones que considera irregulares y mejorar la financiación de los ayuntamientos. Por esa y otras vías, la presión fiscal del IBI se ha disparado en Asturias y en el conjunto de España durante los últimos tres años.

La Dirección General del Catastro, vinculada orgánicamente al Ministerio de Hacienda, se tomó en Asturias un paréntesis de medio año antes de desvelar a qué territorios afectaría una nueva ronda de controles generalizados sobre la situación fiscal de las propiedades urbanas y rústicas. El último anuncio para la región se produjo en octubre de 2014, con la inclusión de Teverga y Colunga en la lista de los concejos investigados. El paréntesis siguiente coincidió en los meses previos a las elecciones municipales y autonómicas, de modo que en vísperas de los comicios bajó la intensidad de un despliegue que ha generado controversias y críticas vecinales en algunos territorios.

Pasadas las elecciones se ha conocido la nueva lista de objetivos, publicada por el "Boletín Oficial del Estado" (BOE). Incluye centenares de concejos de toda España, entre ellos los siguientes de Asturias: Amieva, Belmonte de Miranda, Cabrales, Candamo, Caso, Castropol, Corvera de Asturias, El Franco, Laviana, Llanes, Onís, Proaza, Las Regueras, Ribadedeva, Santo Adriano, Sariego, Somiedo, Taramundi y Yernes y Tameza.

Tal relación eleva a 49 los municipios asturianos que por el momento han sido sometidos al procedimiento de regularización. La selección de los ayuntamientos sigue un criterio de "rentabilidad", según se recoge en una publicación del Catastro. Esto es, se da prioridad a aquellos territorios donde se presume que pueden existir más supuestos de construcciones o mejoras en inmuebles que no hayan sido declaradas por los propietarios o que hayan pasado desapercibidas para la Administración. Son situaciones más frecuentes allí donde han pasado más años desde las últimas actualizaciones catastrales completas y generalmente en las zonas rurales, donde la dispersión de las edificaciones complica otros controles rutinarios.

La iniciativa de seleccionar un territorio puede partir de oficio de la administración catastral, pero también de solicitudes de las corporaciones locales. Según las informaciones recabadas, los ayuntamientos están colaborando muy activamente en el proceso, estimulados por la "rentabilidad esperada". La regularización implica la actualización de los valores catastrales de aquellas propiedades en las que se identifiquen mejoras o ampliaciones no declaradas y, con ello, un incremento de la base imponible del IBI y de la recaudación del tributo que ahora sostiene principalmente la financiación de las haciendas locales.

Durante un plazo que concluirá en junio de 2016, los 19 municipios asturianos citados serán peinados por personal de empresas especializadas contratadas por el Catastro para examinar cada rincón de cada localidad, en busca de situaciones como las siguientes: la existencia de edificaciones (casas, naves, cocheras...) no declaradas, ampliaciones de otras existentes o reformas que hayan aumentado el valor catastral, como la instalación de un porche o una piscina. Las operaciones movilizan a centenares de técnicos y en la identificación de las posibles irregularidades se utiliza materiales sofisticados como ortofotomapas y otras fotografías aéreas, así como imágenes y datos recopilados sobre el terreno por el personal contratado.

La acción del Catastro se ampara una obligación legal poco conocida por los contribuyentes: los propietarios de un inmueble tienen la obligación de formalizar una declaración catastral cuando haya "realización de nuevas construcciones y la ampliación, rehabilitación, reforma, demolición o derribo de las ya existentes, ya sea parcial o total". En esa medida, Hacienda considera que la llamada regularización catastral es una forma de lucha contra el fraude tributario. Es también, no obstante, una iniciativa con afán recaudatorio, como lo han sido otras políticas pergeñadas por el actual Gobierno central y secundadas por los ayuntamientos para reforzar su financiación a través del IBI.

En el contexto otras subidas tributarias que se desplegaron a partir de 2012, el actual Gobierno actuó sobre la fiscalidad de los bienes inmuebles para sostener económicamente a las corporaciones municipales, ahogadas por el hundimiento de los ingresos asociados a la burbuja inmobiliaria. Primero se decretó un recargo sobre el IBI, que nació como temporal pero que no se ha retirado en muchos ayuntamientos, y se habilitaron procedimientos exprés para la actualización de los valores catastrales. Una tercera media fue la regularización, una inspección generalizada que supone tanto como contrastar en cinco años la descripción catastral de 37 millones de inmuebles urbanos y casi 40 millones de parcelas rústicas en la mayor parte de España (salvo País Vasco y Navarra).

Para el caso de Asturias, el efecto combinado de esas políticas y de las actualizaciones catastrales emprendidas por los consistorios explica que la factura del IBI urbano de los asturianos haya pasado en cuatro años de 199 millones a casi 245 y que la presión fiscal del tributo, medida como proporción del producto interior bruto (PIB), se disparase el 30%: desde el 0,879% en 2011 hasta el 1,149% en 2014.

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