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Asturias pierde peso como polo energético por las normativas medioambientales

La producción eléctrica caerá en 2016 con los cierres de grupos de carbón de Soto y Lada y los nuevos límites de emisiones

La caldera de la central térmica de Soto de Ribera II se apagó definitivamente el pasado 31 de diciembre al no superar los requerimientos de emisiones contaminantes, al igual que le ocurrió al grupo III de Lada, que a pesar de que podía operar hasta el final de 2015 adelantó el cierre a 2013. Ambas instalaciones, propiedad de EDP-HC e Iberdrola, respectivamente, se habían acogido al límite de las 20.000 horas de funcionamiento desde 2008 al no efectuar mejoras ambientales. El resto de grandes grupos termoeléctricos asturianos que consumen carbón (Aboño I y II; Narcea I, II y III; Lada IV y Soto III) superaron aquella primera criba pero ahora se enfrentan a nuevos requerimientos para reducir los óxidos de nitrógeno, lo que les ha obligado a acogerse al nuevo plan nacional transitorio de emisiones contaminantes, que establece techos de vertidos a la atmósfera y con ello limitaciones de generación eléctrica. Asturias pierde energía.

La producción térmica estuvo relegada a un segundo plano en Asturias hasta mediados del siglo XX. El protagonismo lo acaparaba el sector hidroeléctrico, que en términos generales implicaba menos costes tanto de producción como de suministro energético y que precisaba de menos mano de obra para su funcionamiento. El fin de la autarquía, el aumento de la demanda eléctrica, los planes de modernización y la disponibilidad de mineral favorecieron, a partir de mediados del siglo pasado, la instalación de centrales térmicas de carbón hasta convertir a Asturias en el polo de generación termoeléctrica de España. Entrado el nuevo siglo, la potencia instalada superaba los 2.600 MW, pero las limitaciones medioambientales, la apuesta por el gas y el desarrollo de las renovables supusieron un punto de inflexión. Desde entonces la potencia instalada y la producción caen.

En 2001, en aplicación de la directiva europea de grandes instalaciones de combustión, se establecieron limitaciones a los vertidos a la atmósfera y en 2007 se aprobó el plan nacional de reducción de emisiones que obligó a buena parte de las térmicas a realizar inversiones medioambientales millonarias (principalmente en desulfuración). Los grupos que superaban los umbrales de emisiones fijados y no acometían inversiones quedaban condenados al cierre y sólo disponían de 20.000 horas de funcionamiento entre 2008 y 2016. Iberdrola y HC decidieron incluir en esa lista negra a los grupos de Soto II, construido en 1967, y Lada III, del mismo año. Ambos, que sumaban una potencia de más de 400 MW, ya están cerrados. Iberdrola tiene prácticamente concluido el desmantelamiento de su grupo y EDP-HC tiene un plazo de tres años para hacer lo mismo, una operación compleja puesto que incluye el manejo de materiales peligrosos como el amianto.

Los grupos termoeléctricos que siguen activos se enfrentan ahora al cumplimiento de la directiva europea de 2010 sobre emisiones industriales que se ha transpuesto a la legislación española por medio de una Ley de 2013 que regula los valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera procedente de las centrales de más de 50 MW. Ninguna de las centrales asturianas está actualmente en condiciones de cumplir esos límites, pero ni una quiere adoptar planes de cierre. Por ello, todas se han acogido al Plan Nacional Transitorio (PNT) aplicable al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de junio de 2020, que les da un mayor plazo para acometer las inversiones medioambientales pero que establece una serie de límites de emisiones durante los cinco años de vigencia.

Menos producción

Un informe de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estima que con los cierres de térmicas que se han llevado a cabo con el cambio de año en España (además de Soto II ha cerrado Compostilla II en León) y con los límites del PNT la producción eléctrica con carbón caerá entre el 19 y el 28% en 2016.

El cálculo de la CNMC se realizó considerando que "ninguno de los titulares habrá realizado en 2016 las inversiones necesarias en desnitrificadoras". EDP-HC tiene en marcha la construcción de la planta de desnitrificación de Aboño II y pretende hacer una obra similar en Soto de Ribera III. La inversión conjunta es de 100 millones de euros. Por su parte Iberdrola anunció una "importante" inversión, que rondará los 20 millones, para que el grupo Lada IV supere los nuevos requerimientos medioambientales mediante "una intervención técnica" consistente en la estratificación de la combustión y en la inyección de amoniaco y urea para eliminar los óxidos de nitrógeno.

EDP-HC aún no ha decidido que hará con el grupo I de Aboño y Gas Natural Fenosa tampoco ha despejado el futuro de los tres grupos de Soto de la Barca (Narcea I, II y III). Fuentes de esta última compañía destacaron que al acogerse al Plan Nacional Transitorio está garantiza la actividad hasta 2020, pero que aún no hay tomada una decisión sobre si se llevarán a cabo inversiones en desnitrificación. "Para Gas Natural Fenosa la central de Soto de la Barca es un activo importante", señalaron fuentes de la compañía.

El Ministerio de Industria anunció ayudas a la desnitrificación para las centrales que consumen carbón nacional (en Asturias Soto III y Narcea III), pero Competencia ha puesto trabas a las subvenciones.

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