Bankia sufrió ayer un varapalo en el Tribunal Supremo que echa por tierra su intento de frenar las miles de demandas de quienes compraron acciones de la entidad financiera en su salida a Bolsa en el verano de 2011. La alta magistratura se ha pronunciado por primera vez sobre las denuncias civiles, confirmando dos sentencias, una de ellas sobre un caso de Oviedo, en las que se argumenta que hubo engaño en las cuentas que Bankia, entonces presidida por Rodrigo Rato, presentó para captar a los inversores. La citada resolución ratifica que una pareja ovetense tiene derecho la devolución de los 10.000 euros que había invertido en el estreno bursátil de Bankia porque había" graves inexactitudes" en el folleto de la oferta pública de los títulos.

La decisión del Supremo da un portazo a la estrategia de Bankia, que había recurrido parte de las sentencias de las audiencias provinciales alegando que, antes de anular las compras de acciones e imponer al banco la devolución del dinero, debían pronunciarse los jueces penales sobre si efectivamente las cuentas habían sido falseadas con ocasión de la salida a Bolsa. "El Supremo garantiza que todas las sentencias que se presenten se ganen por los afectados. Se han desbaratado la tesis de Bankia", resumió ayer el abogado asturiano José Antonio Ballesteros, que llevó el caso de la pareja ovetense afectada y que ayer ratificó el Supremo.

A 20 de diciembre, había demandas por suscripción de acciones contra la entidad madrileña por valor de 819,2 millones. Bankia anunció recientemente que cuenta con una previsión de fondos para hacer frente a este asunto que asciende a 1.840 millones de euros.

Según las estimaciones de Ballesteros, todavía hay un 70% de los inversores que no han reclamado su dinero. Los jueces se están basando para dar la razón a los afectados en que el folleto de Bankia para atraer inversores no reflejaba la realidad económica del banco. Esto es, la imagen de solvencia que reflejaban era ficticia.

"Hubo error en el consentimiento por parte de los adquirentes debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública", concluyen los magistrados del Supremo, que por primera vez examinaban el asunto. Lejos de tener unos buenos resultados, la entidad estaba en números rojos al salir a Bolsa. Esa fue una de las conclusiones a las que llegaron dos peritos cedidos por el Banco de España para trabajar a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que instruye la causa penal sobre la gestión de Bankia durante el mandato de Rodrigo Rato. En sus conclusiones, lo peritos alertaron de que había importantes "errores" en las cuentas del banco.

Según las explicaciones del letrado Ballesteros, las conclusiones de esa investigación fueron posteriores a la sentencia elaborada por el Juzgado de Primera Instancia Número 10 de Oviedo, que luego ratificó la Audiencia Provincial y que ahora ha estudiado el Tribunal Supremo, después del recurso presentado por Bankia. En este caso, la pareja de ovetenses fue persuadida por una empleada de una oficina de Bankia de la capital asturiana para colocar parte de sus ahorros en acciones. Según se recoge en la sentencia, la citada empleada utilizó como argumentos que el banco había superado la crisis y que estaba dirigido por Rodrigo Rato, "lo que garantizaba una gestión de mayor eficiencia". En cuanto la entidad se estrenó en la Bolsa, el matrimonio comprobó que sus ahorros se perdían al mismo tiempo que el valor de las acciones caía en picado y se descubría que las cuentas de la entidad no eran como se les había expuesto.

La sentencia de la Audiencia Provincial asegura también que uno de los miembros de la pareja fue sometido al llamado test de conveniencia, un examen para determinar su grado de conocimientos financieros. La prueba "determinó que el producto no era adecuado para él por su falta de conocimientos y experiencia inversora; no obstante se continuó la operación sin ninguna advertencia o prevención adicional", recoge el escrito judicial firmado por los magistrados José María Álvarez, María José Pueyo y José Luis Casero.

El fallo del Supremo abre paso ahora a que miles de accionistas más presenten con éxito reclamaciones civiles para recuperar su dinero.