Funcionarios de la Agencia Tributaria, con el apoyo de la Guardia Civil, registraron esta semana dos empresas cárnicas asturianas dentro de una macrooperación contra las ventas en negro que afecta a toda la cadena de producción y comercio mayorista del sector de la carne. Junto a las dos sociedades asturianas se registraron 71 en otras comunidades autónomas, en las que se detectaron la existencia de ventas no declaradas y el uso de software de doble uso para conciliar contabilidad oficial y caja "B". Además, la Agencia abrió inspecciones a 25 personas físicas vinculadas con las empresas.
"Nos parece bien que se investigue el fraude en el sector para acabar con la competencia desleal de los que no cumplen con la legalidad", señaló Manuel del Busto, presidente de la Asociación de mayoristas, mataderos y salas de despiece de carne de Asturias. "En el sector todavía quedan vestigios de actividad sin declarar", añadió.
La operación, denominada "Presunto" -jamón en portugués- tiene su origen en las labores que la Inspección de Hacienda lleva a cabo sobre el comportamiento fiscal de sectores económicos españoles y en denuncias externas. Según apuntaron fuentes del Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria constató que los precios de venta al público de la carne llegan a cuadruplicar o quintuplicar los de origen, lo que implica altos beneficios para el negocio del sacrificio, despiece y procesamiento, que no son ilícitos. Sin embargo, la Inspección de Hacienda detectó que, en el caso de algunas sociedades del sector -formado por más de 3.000 empresas en España y casi un centenar en Asturias- esas diferencias de precios no tienen el debido reflejo en los beneficios reconocidos en la declaración del Impuesto sobre Sociedades.
A las primeras constataciones se unieron, en una fase previa de investigación, otras evidencias concretas sobre algunos empresarios del negocio de la carne: ingresos de grandes sumas en efectivo en las cuentas corrientes de las sociedades y de los propios empresarios, posesión de bienes en el extranjero y altos niveles de vida no justificados con los ingresos regulares. Además, el hecho de que los destinatarios de las ventas de carne sean en muchas ocasiones empresarios que tributan en el régimen simplificado de IVA, con buena parte de los pagos en efectivo, incrementaba el riesgo fiscal.
Con toda esa información, la Agencia Tributaria comenzó a analizar y cruzar datos de sociedades dedicadas a la compraventa de ganado, sacrificio y despiece, y al comercio al por mayor de carnes y derivados. Ese trabajo permitió poner el foco sobre un listado de ellas, en las que se analizaron las declaraciones a Hacienda de los márgenes de explotación, los movimientos en efectivo -principalmente imposiciones en cuentas bancarias- y otros indicios de capacidad económica. En el conjunto de esas empresas, con una facturación anual de 650 millones de euros, los beneficios declarados sobre la cifra de negocio eran de apenas el 1%, muy por debajo de la media del sector e incluso nueve declaraban pérdidas. A la vez, esas empresas manejaban un volumen medio de efectivo que rondaba el 11% de su facturación total, y en varios casos la proporción de efectivo era superior al 50% y en dos casos el efectivo incluso llegaba a representar el 85% y el 94%, respectivamente, de su facturación.
Ante todas esas circunstancias, la Agencia Tributaria abrió una macrooperación contra las ventas en negro en el sector de la carne. Un total de 330 funcionarios de la Agencia , con el apoyo de 45 policías, registraron entre el pasado martes y el jueves 73 sociedades (44 del comercio mayorista, 17 mataderos, 5 de compraventa de ganado y el resto de una "miscelánea" entre las que hay minoristas) en 15 regiones. Una de ellas Asturias, donde se realizaron entradas y registros en dos empresas con el fin de acceder a la documentación e información contable, incluidos los sistemas informáticos.
Según Hacienda, en las inspecciones llevadas a cabo en la operación se descubrieron ventas no declaradas, especialmente en el subsector del comercio cárnico al por mayor. Además, fuentes de la Inspección apuntaron que en los registros se detectó uso del denominado software de doble uso para conciliar la contabilidad oficial con la caja "B" y encubrir fraude.
La quiebra del matadero
No es la primera vez que se llevan a cabo operaciones fiscales en Asturias centradas en el sector de la carne. El pasado año, a raíz de la quiebra del Matadero Central de Asturias, la Agencia Tributaria inspeccionó la contabilidad de Junquera Bobes, la gestora del macelo, y la de cárnicas con las que mantenía relaciones comerciales. Los propios trabajadores del Matadero Central habían pedido que se investigara si había una caja "B".
"En los últimos tiempos se han intensificado las inspecciones en el sector y quizá ello tenga que ver con que se mueve mucho dinero en efectivo, porque hay muchas pequeñas transacciones vinculadas a matanzas domiciliarias o por ejemplo a la gente que embute", apuntó Sergio Blasco, gerente del matadero de Gijón y presidente de la IGP Ternera Asturiana, que añade que "el hecho de que ahora se sospeche de dos empresas entre todo el sector cárnico regional no es significativo". Según los últimos datos del Idepa (correspondientes a 2013 y 2014) en Asturias hay 90 empresas del sector de la carne que tienen más de 900 empleados y que facturan cerca de 130 millones al año. "El sector está muy controlado por motivos sanitarios. Los mataderos informan mensualmente de quienes traen y se llevan ganado y cruzando datos en fácil detectar fraudes", apuntó Manuel del Busto, presidente de la Asociación de mayoristas, mataderos y salas de despiece.
