La crisis ha tenido un efecto devastador para la sociedad española y singularmente para la clase media. Tan es así que tres millones de personas cuyos ingresos les situaban en ese tramo social antes de la recesión "se han desplazado de la zona central a la parte baja de la distribución de la renta", según el informe publicado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) sobre la 'Distribución de la renta, crisis económica y políticas redistributivas' que ha dirigido el catedrático de la Universitat de València, Francisco Goerlich.

Hace una década, el 59 % de la población pertenecía a familias situadas en niveles de renta intermedios, entre el 75 % y el 200 % de la renta mediana„ frente al 31 % de los situados por debajo del 75 %. Ahora, el porcentaje encuadrado en la clase media ha bajado al 52 %, mientras que el de la clase baja ha aumentado hasta el 39 %. El 10 % restante se ha mantenido casi inalterado, se ha reducido un 0,7 % y corresponde, claro, a la clase más adinerada.

El informe subraya que "buena parte del empeoramiento en la distribución de la renta tiene su origen en las muy distintas oportunidades en el mercado de trabajo". La pérdida del empleo, la proliferación de contratos a tiempo parcial y el aumento del trabajo autónomo como alternativa a la ausencia de puestos asalariados son factores que han contribuido a una general reducción de los ingresos, especialmente, como dice el estudio, en los hogares con niveles más bajos.

Políticas públicas

Ahora bien, el informe "demuestra que la desigualdad se reduce sustancialmente tras tener en cuenta el impacto redistributivo de las políticas públicas". La reducción, en concreto, llega al 45,7 %. Los resultados del estudio ponen de manifiesto que los efectos redistributivos de las políticas de las administraciones se producen mucho más por el lado de los gastos (transferencias monetarias y servicios públicos gratuitos) que por el de los ingresos (impuestos directos). Así, la mayor reducción de la desigualdad se debe al sistema de pensiones, que en 2013 representaba un 46 % del efecto total, porque "suponen un volumen de gasto muy elevado y ofrecen ingresos a muchos hogares cuyos miembros no tienen actividad laboral".

Prestaciones

La segunda política de gasto en importancia es la de los servicios públicos, que contribuyen con un 27 %: quince puntos corresponden a la sanidad y los doce restantes a la educación. La aportación de las prestaciones por desempleo y el resto de prestaciones sociales equivale al 19 %. Por último, el sistema fiscal tiene un efecto redistributivo de solo el 8 % en 2013, "tras ir perdiendo peso".

Una parte de los ingresos de las familias son las prestaciones públicas que completan las rentas salariales y el beneficio que obtienen las familias por la vía de servicios sociales como la sanidad o la educación, hasta el punto de que los segmentos más pobres de la población obtienen el 72 % de los ingresos de las actuaciones públicas. La suma de estas tres fuentes de ingresos es lo que el estudio denomina la renta disponible ajustada, que durante la crisis se ha reducido un 20%.

A la vista de este descenso, cabría pensar que las políticas públicas han perdido fuerza redistributiva durante la recesión, pero en realidad lo que ha ocurrido, según el estudio, es que "no han compensado por completo los cambios que la crisis y el deterioro del empleo han provocado en la distribución de la renta entre los hogares".