Alquileres de aulas bajo sospecha

L. G.

La investigación sobre los cursos de formación de UGT-Asturias comenzó a finales de 2014 y está en fase de instrucción judicial tras una denuncia de la Fiscalía.

¿Qué denuncia el fiscal?

Aprecia indicios de que sociedades vinculadas a UGT hinchaban artificialmente facturas que pasaban a la Fundación IFES por alquileres de aulas y que luego se cargaban a las subvenciones del Principado. Supuestamente, el dinero extra era destinado a financiar gastos de la estructura del sindicato. Así, el precio que facturaba la sociedad Localmur a IFES era sensiblemente superior al que le cobraban a Localmur por los arrendamientos los propietarios de los locales. La denuncia del fiscal estima que los hechos, de confirmarse, pueden ser constitutivos de delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental.

¿Qué alegan los representantes de UGT?

Niegan que los gastos fueran falsos o estuvieran hinchados. Argumentan que el precio del arrendamiento facturado a IFES incluía, además del precio del alquiler del local, los del equipamiento con ordenadores, mobiliario y otros servicios.

¿Quiénes están siendo investigados?

Hasta el momento, la juez María Luisa Llaneza ha citado en calidad de investigados a Andrés de Dios Suárez, responsable de IFES en Asturias; María Jesús Ocaña, administradora de Localmur, y Mónica Menéndez, administradora de Infastur y exmiembro de la comisión ejecutiva de UGT-Asturias.