Arcelor-Mittal pujará para intentar hacerse con la planta italiana de Ilva, ubicada en Tarento (sur de Italia), el mayor complejo siderúrgico de Europa, que desde hace casi dos años está en manos del Estado italiano debido a sus numerosos problemas medioambientales. El gigante del acero irá en la operación de la mano de la familia Marcegaglia, antigua propietaria de esta gigantesca instalación cuyas dimensiones duplican las de las plantas asturianas. Otros dos grupos, uno turco (Erdemir) y otro brasileño (Companhia Siderúrgica Nacional), también han mostrado su interés en la factoría que llegó a tener funcionando a la vez ocho altos hornos, una producción cercana a los diez millones de toneladas de acero y una plantilla de 12.000 trabajadores. La gran mayoría de ellos están ahora mismo suspendidos de empleo y sueldo.

La presidenta del grupo italiano Marcegaglia, Emma Marcegaglia, confirmó recientemente, durante un acto empresarial que tuvo lugar en Milán, que la oferta conjunta con Arcelor-Mittal ya está sobre la mesa. Aunque no desveló ningún detalle sobre la misma.

"Hemos hecho nuestra oferta y ahora estamos en conversaciones", señaló la empresaria, según la agencia "Reuters". Y añadió: "Estamos con Arcelor-Mittal, es el mejor socio para un cambio complicado como el que se espera en Ilva". El Gobierno italiano cerrará el plazo para recibir ofertas vinculantes dentro de dos semanas. Lo que sí precisó Emma Marcegaglia a los medios italianos es que será muy complicado que la factoría pueda volver a la producción que tenía en los años previos a la crisis, superior a los diez millones de toneladas.

Los nuevos dueños de Ilva tendrán que lidiar con los enormes problemas medioambientales que tiene la planta. En los Juzgados italianos se acumulan varias demandas por contaminación de productos alimentarios, por una presunta omisión dolosa de asistencia en casos de accidentes laborales y por daños agravados de bienes públicos, entre otras acusaciones. Diversos estudios achacan directamente a los ocho hornos altos de Ilva de haber provocado tumores entre la población y de producir el 93% de todas las emisiones de las partículas tóxicas que hay en Italia. Todo esto, más los problemas económicos por los que atravesaba la planta fruto del golpe económico de la Gran Recesión, llevó al presidente italiano, Matteo Renzi, a intervenir la acería y a nombrar a tres comisarios para que se hicieran cargo de su gestión provisionalmente. Eso fue ya hace casi dos años.

El pasado diciembre, el Estado transalpino desembolsó 300 millones de euros y tiene presupuestados otros 800 este año, para llevar a cabo mejoras medioambientales en la planta. Un dinero que el futuro dueño deberá devolver y sobre el que ha puesto la lupa la Comisión Europea, ya que considera que se trata de una "ayuda de Estado" ilegal, contraria a las leyes de competencia, por lo que ha abierto contra Italia un procedimiento para una posible sanción. Otro problema más.