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La Administración recorta el pago de anticipos y pone en aprietos a las academias

Las empresas dedicadas a la formación, con unos 150.000 trabajadores en España, se quejan también de que otros cambios normativos han comprometido severamente la rentabilidad de su actividad. Según Valdés, el régimen de las subvenciones no deja margen de beneficio para las compañías formadoras y, salvo en alguna región, no se ha puesto en marcha un mecanismo alternativo (módulos económicos) previsto por la ley de 2015. El directivo de la patronal habla también de otra "cuestión crítica": las Administraciones han pasado de anticipar el 100% de las subvenciones para la organización de cursos a establecer un máximo del 60%, de forma el 40% restante debe ser adelantado por los adjudicatarios, que incurren en costes financieros que luego no se recuperan.

"Las empresas de formación configuramos un sector profesionalizado, generador de riqueza, en estrecha relación con el resto de sectores productivos y creador de empleo cualificado", reivindica Luis Valdés, y subraya que la formación de la población activa es un factor esencial para el desarrollo del país y de la región, determinante en el modelo productivo y en la generación de valor añadido.

Las organizaciones patronales defienden la honestidad del sector y niegan que haya existido fraude masivo en el uso de los fondos de formación en España. En la actualidad siguen abiertas varias investigaciones con políticos, sindicatos o empresarios implicados. Entre estos últimos, uno de los casos más relevantes es el de José Luis Aneri, un intermediario acusado de gestionar fraudulentamente cursos para una treintena de asociaciones en la Comunidad de Madrid.

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