La Físcalía asturiana ha abierto diligencias de investigación sobre el uso que el sindicato CC OO ha hecho en Asturias de las subvenciones públicas para cursos de formación. Estas nuevas pesquisas, análogas a las que se han realizado sobre UGT y que permanecen abiertas en los juzgados, intentan determinar si Comisiones desvío indebidamente dinero de las ayudas a costear gastos de la estructura del sindicato, como nóminas de su personal.
Fuentes conocedoras de las diligencias confirmaron ayer el inicio de la nueva investigación, que parte de una denuncia de una antigua trabajadora de la Fundación Formación y Empleo (Forem), la entidad que CC OO utilizaba para gestionar e impartir la formación y que el sindicato ha desmantelado en Asturias, aplicando un expediente de regulación de empleo (ERE) que supuso el despido de 51 trabajadores (31 de ellos fijos y 20 eventuales). La dirección de CC OO en la región no hizo comentarios sobre esta denuncia y sobre las indagaciones de la Fiscalía al no tener, afirmó un portavoz, ninguna comunicación oficial sobre la apertura de la investigación.
Según lo que ha trascendido de la denuncia, las pesquisas del ministerio público intentarán comprobar si fue o no irregular la imputación de gastos como salarios de trabajadores de CC OO y de miembros de la dirección del sindicato con cargo a las subvenciones bajo la fórmula de "costes indirectos" de los cursos de formación. El sindicato, al igual que hacía UGT con su fundación IFES, subcontrataba con Forem la organización de los cursos. No obstante, la normativa permitía que las centrales o cualquier otra entidad beneficiaria cargaran los llamados "costes indirectos" hasta un máximo del 20% del gasto total subvencionable. En principio, esta regla se pensó para compensar los gastos de gestión en que pudiera incurrir la organización aunque subcontratara los cursos.
Las diligencias de la Fiscalía y la denuncia que las ha motivado coinciden después de que las primeras acusaciones contra CC OO se airearan durante el pleito laboral que una antigua trabajadora de Forem, Natalia Busto, emprendió contra su despido. En su demanda, presentado ante los Juzgados de los social de Gijón, se exponía que en el cierre de Forem influyó la "descapitalización" que sufrió la fundación mediante distintas prácticas. Entre ellas se citaba que supuestamente CC OO cubría de manera total o parcial gastos salariales de trabajadores del sindicato con fondos de formación aunque no realizaban ninguna labor relacionada con los programas formativos.
Fuentes de la Fiscalía explicaron que la investigación se desarrollará durante un primer plazo de seis meses, ampliable a seis más. Si al final se apreciasen indicios de delito, la propia acusación pública formularía una denuncia ante los Juzgados de instrucción, como ya ha hecho con el caso de UGT. El fiscal que indagó en los cursos de la fundación ugetista IFES, Gabriel Bernal, identificó, a nivel indiciario, comportamientos que según su criterio podrían constituir delitos de falsedad documental y fraude de subvenciones (tipo penal análogo a la defraudación fiscal).
UGT y CC OO fueron, junto a la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), las principales organizaciones destinatarias de los fondos de formación para el empleo distribuidos por la Administración asturiana en Asturias hasta 2014. Las tres entidades tenían por ley preferencia en los repartos de una de las líneas de ayudas y competían junto a otras entidades sin ánimo de lucro y a las empresas privadas en el resto de convocatorias. Tras la reforma del sistema de formación aprobada el pasado año, UGT y CC OO renunciaron a impartir más cursos en Asturias y han desmantelado las delegaciones regionales de IFES y de Forem, respectivamente. FADE ha seguido optando a las subvenciones en representación de nombre de varias patronales sectoriales (Asetra, Aspa y Femetal).
