El Gobierno de Andorra presentó ayer una querella contra el exconsejero delegado de Banca Privada d'Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, y otros once directivos y altos cargos de la entidad bancaria, y pidió que la Batllia -juzgado de primera instancia andorrano- tome declaración a los accionistas mayoritarios del banco, los hermanos Higini y Ramon Cierco. El Ejecutivo andorrano sostuvo que la querella se suma a la causa penal por blanqueo de capitales abierta en el caso BPA, que actualmente se encuentra en fase de instrucción y en la que el Gobierno ya se constituyó como actor civil el 26 de mayo. Desde entonces, los letrados del Ejecutivo han examinado el contenido del sumario y han llegado a la conclusión de que las actuaciones delictivas que se imputan a los diversos querellados "han dañado seriamente la reputación de Andorra, de su modelo económico y de la plaza financiera".
