España no es un país con un alto número de empleados públicos comparado con otros y Asturias tampoco es de las regiones donde la plantilla de las administraciones tiene mayor dimensión. Al contrario, la comunidad es la décima del país por número de esos trabajadores en relación a la población y está asimismo en posiciones bajas si el ranking se realiza por provincias.

Un estudio de Juan Manuel Ruiz Galdón, profesor de la Universidad de Málaga, aporta entre otras esas consideraciones para derribar el "mito" de que la Administración pública española es mastondóntica, y desmontar la creencia de que "somos la nación con más funcionarios por habitantes del mundo". Algunos de los principales cálculos y conclusiones de Ruiz Galdón, cuyo informe ha sido publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), se sintetizan en los siguientes puntos.

El tamaño. El autor utiliza para medir y comparar la dimensión de la Administración española principalmente la ratio de trabajadores públicos por habitantes. Con arreglo a este criterio, España tiene un trabajador por cada dieciséis ciudadanos, resultado que coloca al país como el cuarto de la Unión Europea (UE) con menos funcionarios, por detrás de Austria, Portugal e Italia. Llama la atención que tres de los países del Sur europeo, siempre bajo sospecha por su gasto público, ocupen esas posiciones. Si se considera sólo la fuerza laboral, la tasa de empleados públicos respecto a la población activa (16%) es inferior a la de una mayoría de Estados europeos (particularmente los nórdicos) y también a las de Australia, Estados Unidos o Rusia, países estos últimos con un estado de bienestar más pequeño.

Puertas adentro de España, el profesor Ruiz Galdón utiliza una ratio también con base demográfica: el número de empleados públicos por cada millar de habitantes. ¿Donde queda Asturias en esa clasificación? La región tiene el equivalente a algo menos de 55 trabajadores de las administraciones (funcionarios, personal laboral, interinos...) por cada mil asturianos, resultado que coloca a la comunidad como la décima de diecisiete en intensidad de empleo público. Los territorios con mayores tasas son, por este orden, Extremadura, Castilla y León, Aragón, Madrid y Cantabria. La que tiene menos funcionarios es la Comunidad Valenciana. Cabe precisar, no obstante, que los números están echados sin considerar el personal de sociedades mercantiles vinculadas a las administraciones y que en autonomías como la valenciana han sido muy numerosas.

En un ranking provincial, Asturias vuelve a aparecer en posiciones bajas. Entre las cincuenta provincias, Asturias tiene más intensidad de empleo público que dieciséis de ellas y menos que treinta y tres. Este resultado apuntala la tesis de que las plantillas públicas asturianas no son comparativamente altas, ya que la región tienen menos funcionarios por habitantes que territorios de comunidades pluriprovinciales donde, al contrario que en Asturias y en las demás uniprovinciales, no está concentrado el personal de la Administración autonómica.

La estructura. Más de la mitad del empleo público español corresponde a las autonomías, las administraciones que tienen transferidas las competencias y servicios más intensivos en personal. En Asturias, el empleo público autonómico representa el 63% del total (36.422 de los 57.692 empleados registrados por el Ministerio de Hacienda en julio de 2015).

La distribución de ese empleo entre los principales servicios sugiere que la menor intensidad de funcionarios que presenta Asturias se registra sobre todo en el capítulo del personal básicamente administrativo de las consejerías, ayuntamientos y delegaciones provinciales de la Administración central. Asturias es en cambio la región con más trabajadores de la sanidad pública por cada mil habitantes (14,7%), una ratio un 42% superior al promedio del país (10,35) y en parte influida por el envejecimiento demográfico. También, según se infiere de otro capítulo del informe, por el hecho de que los ajustes de la crisis afectaron menos a la dimensión de las plantillas sanitarias que a las de otros servicios.

Asturias tiene un resultado cercano a la media en el caso de la educación. El número de profesores y otros funcionarios por millar de habitantes (14,44) es algo inferior al promedio nacional (14,66) según una cuenta que comprende tanto el personal de educación infantil, primaria y secundaria, como el adscrito a las universidades. Y en la apariencia estadística, el Principado está comparativamente mejor dotado de medios personales en la Justicia que el resto de comunidades, con una ratio equivalente a 1,68 funcionarios por cada mil ciudadanos. Mientras que la media española está en 1,34.

La evolución. El trabajo del profesor Juan Manuel Ruiz Galdón mide en primer lugar la evolución del empleo público entre los años 2002 y 2015, un período condicionado en el caso de la Administración autonómica por la recepción de nuevas competencias y, particularmente, por los impactos de la crisis económica a partir del año 2008. Así, el Principado tiene unos 4.600 trabajadores más que en 2002, aumento que comprende, entre otros impactos, el correspondiente a varias transferencias del Estado. Por su parte, el incremento relativo es del 15%, dos puntos por debajo de la media española y lejos de la tasas que presentan comunidades como Baleares (41%), Cataluña (30%) o Cantabria (26%), todas ellas condicionadas por el ritmo de asunción de las nuevas competencias.

Si la comparación se hace a partir de 2008, es decir desde el estallido de la crisis, Asturias figura en un grupo de comunidades donde las plantillas autonómicas se incrementaron a pesar de los ajustes que se habían impuesto desde Madrid. En 2009 y 2010, el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero tomó las primeras medidas para recortar en la Administración, limitando la tasa de reposición (proporción de incorporaciones respecto a la bajas por jubilación) y restringiendo la contratación de personal laboral e interino. Con el popular Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo, esa política se endureció a partir de 2011.

Sin embargo, a fecha de julio de 2015, la que utiliza Juan Manuel Ruiz Galdón como referencia para llevar a cabo su investigación, el Principado tenía más trabajadores (en concreto, un 7% más) que los que había en 2008, inmediatamente antes de la crisis. Esa aparente contradicción se explica en una parte por la incorporación a la plantilla regional del personal de Justicia (1.389), pero también por un aumento en otros departamentos. Pese a la política de austeridad, el número de trabajadores de la sanidad asturiana aumentó el 7% entre 2008 y 2015, hasta llegar a los 14.873. En cambio salió perdiendo la educación, y se registró una caída superior a los 250 empleos.