La renovación de las concesiones de transporte de viajeros por carretera de largo recorrido que enlazan Asturias con otras comunidades autónomas no se producirá previsiblemente antes de 2018. Así lo creen en medios del sector de los autocares y así se desprende de una comunicación a los inversores por National Express, la compañía británica propietaria de la asturiana Alsa, líder nacional en largo recorrido y titular de las rutas que parten, acaban o transitan por Asturias, entre otras muy relevantes en España.

Aunque el grueso de las concesiones de titularidad estatal han caducado o están en vías de hacerlo, los sucesivos recursos judiciales planteados por algunos grupos empresariales, cierta demora en la Administración y finalmente la interinidad del Gobierno (en funciones desde las elecciones generales de diciembre) han supuesto un retraso en los concursos.

Según fuentes del sector, de las 86 concesiones que corresponde renovar sólo han salido a concurso 33, en su mayor parte de menor relevancia, y están pendientes 53 concursos, que incluyen a las grandes rutas nacionales, entre las que figuran Madrid-León-Gijón, Gijón-Sevilla, Santiago-Gijón-Irún-Barcelona e Irún-Tuy.

"El largo proceso de renovación de las concesiones de los autocares de larga distancia en España continúa experimentando retrasos, y después de las elecciones generales de junio, que aún no ha despejado un resultado concluyente, no prevemos ningún avance importante en el corto plazo", explicó National Express (NX) a los inversores. "Como resultado de esto", indicó NX, "no vemos un impacto en nuestros ingresos" por este motivo "antes de 2018", señaló el grupo británico, cuyo mayor accionista es la familia asturiana Cosmen Menéndez-Castañedo.

En todo caso, y a juicio de NX, "Alsa está bien posicionada para retener concesiones" relevantes.

La litigiosidad en torno a los criterios de concursos procedió en principio del grupo Globalia, que aspira desde hace años a entrar en el sector de las concesiones de servicios regulares en autocar (dispone de una flota para negocio discrecional), y que logró que se revisaran los parámetros de los concursos para adaptarlos a las pautas europeas.

Más recientemente, ha sido una amplia representación del sector la que logró que el Ministerio revisara la metodología. Algunos concursos se estaban convirtiendo, a juicio de la industria, en puras subastas, en la que sólo imperaba el criterio del precio, lo que podía estar dando pie a bajas temerarias, dado que el regulador no exigía la justificación mediante estudios económicos de las tarifas que se ofertaban. "Hubo adjudicaciones a precios muy bajos, en las que tenían prioridad las tarifas y el número de expediciones, y en las que no se tuvieron en cuenta factores como el medio-ambiente, la calidad del servicio y la seguridad -como recogen algunas directivas comunitarias sobre contratación administrativa que entraron en vigor en abril- y la subrogación de los empleados de la empresa que había prestado el servicio hasta entonces", explicaron medios patronales. Fomento adoptó estos criterios y ya anuló varios concursos y dejó fuera a algunos candidatos en otros por presentar "ofertas inadecuadas", que son las que se sitúan el 10% por debajo de la media de las que concurren. Esto ha dado pie a nuevos recursos.