De los 53.553 millones de recursos públicos aportados en forma de capital al sistema financiero español desde mayo de 2009 para el saneamiento del sector y reforzar su solvencia, el Estado sólo ha recuperado por el momento (siete años y medio después) 2.686 millones (el 5%), a lo que cabría sumar otros 1.304 millones obtenidos por la desinversión del Banco Financiero y de Ahorro (BFA) en su participada Bankia. La suma de ambos conceptos representa el, 7,4% de la aportación estatal a las antiguas cajas de ahorros.

Los recursos públicos inyectados como capital para la reestructuración y asistencia al sector financiero que están pendientes de recuperar (49.563 millones, más del 90% del total) es una cifra equivalente al importe que usó España de las ayudas que la Troika (UE, BCE y FMI) le concedió como rescate financiero en 2012.

Los 53.553 millones de aportación estatal para la recapitalización de las antiguas cajas no son todas las inyecciones de capital y tampoco estas recapitalizaciones constituyen la única vía de ayuda a la banca sino una de ellas.

Además de los 53.553 millones que el Estado adelantó para reforzar los recursos propios del sistema, el sector recibió con el mismo fin otros 7.942 millones en instrumentos computables como capital procedentes del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Ambos epígrafes suman los 61.495 millones que el sector recibió como capital desde 2009.

La UE también considera ayuda pública las inyecciones realizadas por el Fondo, dado que el Gobierno regula y legisla sobre él y porque es el Estado es el garante último de la cobertura de depósitos hasta 100.000 euros por cliente y entidad. Sin embargo, y en puridad, los 7.942 millones movilizados por el Fondo de Garantía no proceden de los presupuestos del Estado sino de las cuotas que las entidades financieras aportan a este mecanismo de protección en proporción al volumen de depósitos de sus clientes, que son, en última instancia, quienes sufragan esos recursos con cargo a la remuneración que reciben por su ahorro a la vista y a plazo.

Por las aportaciones realizadas por el Estado, éste retiene paquetes accionariales de control en BMN y Bankia y "cocos" (obligaciones contingentes convertibles en acciones) en Banco CEISS (ahora filial de Unicaja) y Banco Grupo Caja 3 (ahora dominado por Ibercaja).

Los 2.686 millones que el Estado ha recuperado proceden de las reprivatizaciones de entidades nacionalizadas (782 millones por la venta de Cataluña Banc a BBVA y 712 millones por la de las antiguas cajas gallegas a Banesco) y de la devolución de ayudas recibidas por varias entidades: 977 millones de Banca Cívica tras su absorción por Caixa Bank, más 124 y 20 millones amortizados anticipadamente por Liberbank e Ibercaja Banco, respectivamente.

Además de los 61.495 millones en ayudas al capital, el sector recibió otras cuatro modalidades de apoyo. El Fondo de Garantía ha recuperado 673 millones de los 1.803 millones que aportó para la compra a inversores minoritarios de acciones no cotizadas y nacionalizadas por el Estado a través del fondo de reestructuración bancario (FROB). Otro de los canales de socorro fue la concesión de avales por el Estado a cajas y bancos. Sumaron 110.895 millones y aquí no parece que vaya a haber quebranto: ya se han recuperado 109.836 millones (el 99% del total).

Otra actuación de auxilio fue la concesión de esquemas de protección de activos a entidades (casos de Liberbank, Sabadell y otros) para protegerlas de deterioros previos en entidades en crisis e intervenidas que fueron absorbidas por ellas (CCM y CAM). Suman 10.948 millones, de los que 918 millones los aportó el FROB y el grueso (10.030 millones) los movilizó el propio sector financiero. La pérdida esperada es de 9.472 millones. Además el FROB entregó 2.192 millones a SAREB (el banco malo).