El Principado anuncia un mayor control de la fuga de patrimonios para evitar fraudes

El anuncio llega en el contexto de los contactos que el Ejecutivo del socialista Javier Fernández mantiene con IU y Podemos para pactar reformas tributarias, paso previo al intento de negociación del Presupuesto de 2017. El diputado de IU Gaspar Llamazares había demandado en las horas previas un mayor esfuerzo del Principado contra el fraude fiscal y la consejera Carcedo anunció que el Ente de Servicios Tributarios (la agencia de gestión y recaudación de impuestos del Principado) dispondrá de más medios personales y materiales en el área de inspección y que se pontenciarán los "planes de control" que aplica el organismo.

La consejera expuso que la recaudación del Principado asociada a las medidas antifraude ascendió a 55,85 millones de euros en 2015, equivalentes al 22% de los ingresos tributarios (254 millones) que corresponden a los impuestos sobre los que tiene competencias inspectoras las comunidad (los tributos cedidos por el Estado y los creados por la Administración autonómica). Esa recaudación por la lucha contra el fraude aumentó el 69% desde 2013, añadió Dolores Carcedo.

"Se están haciendo cruces masivos de información de contribuyentes", explicó también acerca de los métodos que utiliza el Ente Tributario para localizar a posibles evasores. El Principado contrasta su propia información con las de las bases de datos nacionales de la Agencia Tributaria y de otros organismos y explota los resultados empleando aplicaciones informáticas específicamente diseñadas para la comprobación e investigación de irregularidades fiscales. A partir de ahí, se tramitan declaraciones complementarias y sanciones en los casos de "conducta dolosa".

Dos de las herramientas informáticas más usadas se denominan "Tributas" y "Zujar". Esta última se emplea, entre otros cometidos, para indagar en los que la Administración llama técnicamente "cambios de domicilio interesados". Los que un número impreciso de asturianos con elevados patrimonios han hecho, generalmente con destino a Madrid, para sortear la alta presión fiscal que ese tipo de contribuyentes tiene en la región.

Un informe de la Inspección General del Ministerio de Hacienda fechado el pasado año recoge que en 2012 se observó en Asturias una reducción de los contribuyentes encuadrados en los tramos más altos del impuesto de patrimonio. Añade ese documento que tal merma estaba relacionada con algunos fallecimientos, pero también con la deslocalización de contribuyentes hacia autonomías con menor carga tributaria. Particularmente, hacia Madrid, donde el impuesto de patrimonio no existe y los herederos y donatarios más directos (cónyuges e hijos) están casi exentos de pagar el impuesto de sucesiones y donaciones.

"Se presta especial atención a la deslocalización de contribuyentes y también a las prácticas de ocultar bienes con el fin de evitar el pago de impuestos", dijo ayer la consejera Carcedo a preguntas de Llamazares en la Comisión de Hacienda de la Junta.

El domicilio fiscal del contribuyente es determinante para la exacción de los grandes tributos de ámbito estatal que tienen cedidos las autonomías: el impuesto de sucesiones se paga en la comunidad de residencia del fallecido; el de donaciones y el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en la región donde esté domiciliado el donatario o adquiriente siempre que se trate de bienes distintos a los inmuebles (acciones, dinero...), y el impuesto de patrimonio se paga donde vive el propietario de los bienes sujetos a tributación. La competencia fiscal entre regiones ha estimulado durante la última década que contribuyentes con altos niveles de riqueza se muden de comunidad.