Los aprendices dedican una semana al mes a las clases y las tres restantes al trabajo en los talleres. "Los chavales están cobrando conforme al convenio; salen por unos 850 euros netos", expone José Ángel García. Los costes salariales son asumidos por las empresas con apoyo económico del Principado. Y los contratos incluyen una reducción del 100% en las cotizaciones a la Seguridad Social para las pymes y otras bonificaciones para impartir la formación. El balance es positivo, aunque también hay problemas, precisa el directivo de Aspa: la Administración central entorpece las contrataciones por que se retrasa al avalar la formación que se imparte.

La industria cárnica. Asincar lanzó su primer proyecto hace un año y está en conversaciones con el Principado y con las empresas del sector para una nueva edición, señala Maite Villastrigo, responsable de formación de la asociación que agrupa a la industria cárnica. El sector se estrenó con cifras más modestas que el automóvil, seleccionando a doce jóvenes para recibir formación en el centro que Asincar tiene en Noreña y trabajar con contratos de aprendizaje durante un año en cuatro empresas. Nueve de esos jóvenes completaron el proceso (75%) y siete de ellos continúan trabajando con nuevos contratos en los mismos negocios, mientras que los dos restantes están haciendo entrevistas para incorporarse a las plantillas de otros. "Existe demanda tanto en la industria como en el comercio minorista", destaca Villastrigo. Asincar confía en seleccionar nuevos aprendices antes de fin de año y probablemente en un número superior a los de su primer programa de FP dual.

Más contratos. El empleo de aprendices ha crecido en Asturias también a través de la expansión de los contratos de formación realizados directamente por las empresas. Este tipo de contratación, estimulada por los cambios legales que impulsaron los gobiernos de Zapatero y de Rajoy, se ha duplicado en Asturias en el último lustro, si bien los sindicatos han denunciado en ocasiones el uso fraudulento de esta figura laboral. Una de las prácticas irregulares ha consistido en no impartir realmente la parte de formación (25% de la jornada), utilizando una modalidad a distancia muy difícil de verificar y que finalmente ha sido prohibida desde 2016.